El exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, quedó más comprometido en la causa por presunta corrupción tras negarse a declarar ante el juez Casanello. La fiscalía investiga audios, pagos millonarios y un presunto sistema de coimas con droguerías.
BUENOS AIRES.- El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue indagado este martes en los tribunales federales, donde optó por no responder preguntas ni del juez Sebastián Casanello ni del fiscal Franco Picardi. Aun así, realizó aclaraciones informales en las que negó todas las acusaciones en su contra.
Spagnuolo, señalado como presunto autor de audios que describen un esquema de coimas dentro de la agencia, ingresó a Comodoro Py a las 13 y permaneció en el edificio hasta las 14.40. Pese a que había adelantado que declararía y presentaría una pericia que cuestionaría la autenticidad de las grabaciones, nada de eso ocurrió.
Qué investiga la Justicia
El fiscal Picardi acusa al exfuncionario de haber permitido o supervisado el direccionamiento de compulsas de precios en favor de determinadas droguerías, en perjuicio del Estado y de sectores vulnerables. También lo señala como parte de un presunto esquema de cobros ilegales.
Durante la audiencia, Spagnuolo se acogió a su derecho a no declarar, aunque descartó haber cometido delito alguno. “Estaba cabizbajo”, describió una fuente judicial presente en la indagatoria.
Su abogado, Mauricio D’Alessandro —el tercer defensor que asume su representación— había anticipado que aportaría una pericia para demostrar que los audios fueron generados o modificados con inteligencia artificial, pero ese informe no fue presentado.
La defensa y el cuestionamiento a los audios
D’Alessandro afirmó que las grabaciones están “manipuladas” y que su difusión violaría el derecho a la intimidad. Esta postura coincide con la de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, también investigada. La validez de los audios está siendo analizada por la Sala II de la Cámara Federal.
El fiscal Picardi, en cambio, sostiene que las grabaciones no son el eje de la causa y que no existe evidencia de espionaje ilegal. También remarcó que Spagnuolo habría relatado el presunto sistema de coimas ante distintas personas y que fue removido de su cargo por el Gobierno.
Cinco millones, fotos y un viaje a Israel
La fiscalía sostiene que Spagnuolo recibió $5 millones de parte de otro investigado, Miguel Ángel Calvete, para un viaje a Israel que nunca se concretó. Como respaldo, exhiben fotos en las que el exdirector de Andis aparece ingresando con una mochila al domicilio de Calvete en San Telmo.
La defensa cuestiona esta hipótesis. “Los cinco millones se anuncian como entregados el 11 de junio, pero las fotos son del 13 de agosto. No son contemporáneas”, dijo D’Alessandro.
Contexto del caso y cambios de abogados
El expediente se inició tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo explicaría con detalle el presunto circuito de pagos ilegales que involucraría a proveedores del sector salud y, según esa versión, a personas cercanas al Presidente.
Spagnuolo fue representado inicialmente por Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, quienes renunciaron luego de que la Justicia incautara 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados en una caja de seguridad del exfuncionario. Más tarde lo asistió la defensora oficial Florencia Plazas, hasta que asumió D’Alessandro.
Cómo sigue la causa
Antes de Spagnuolo, también se negaron a declarar Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados por la fiscalía como operadores externos que habrían actuado como directores “en las sombras” dentro de Andis. Aún restan 12 indagatorias.
En su dictamen, Picardi sostuvo que la agencia funcionó como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”, con sobreprecios y manejos irregulares en favor de determinadas empresas. Además, cuestionó una “reforma sustancial” realizada por Spagnuolo en su vivienda en Pilar, cuyos costos no se verían reflejados en su patrimonio. El exfuncionario asegura que fueron “refacciones menores”.
La investigación continúa y, por ahora, no alcanza a otras áreas del Gobierno fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad.