La querella apunta contra «El Militar» Sosa y un presunto capo narco conocido como «El Paraguayo». Denuncian reuniones clandestinas en El Cadillal y la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas con la supuesta venia de efectivos de la fuerza.
EL FEDERAL NOTICIAS
TUCUMÁN. El crimen de Érika Antonella Álvarez, ocurrido a principios de enero, ha dejado de ser «solo» un femicidio para transformarse en la puerta de entrada a una oscura red de narcotráfico en la provincia. En las últimas horas, el abogado de la familia de la víctima, Carlos Garmendia, anunció que llevará el caso a los tribunales federales ante la aparición de indicios que vinculan al principal acusado, Felipe «El Militar» Sosa, con la comercialización de estupefacientes y la protección policial.
Los vínculos con el «Narcopoder»
Según la presentación que se realizará ante el fiscal federal Agustín Chit, la investigación ha revelado que Érika mantenía una relación sentimental con Carlos Ferreyra, alias «El Paraguayo». Ferreyra, sindicado como el líder de una organización que traficaba marihuana vía aérea desde Paraguay, habría utilizado su vínculo con la joven para organizar reuniones estratégicas.
«Hay evidencia de que este hombre la habría usado para organizar encuentros donde se trataban temas de narcotráfico, y en los cuales habrían participado policías tucumanos», detalló Garmendia. Como prueba clave, la querella contaría con una fotografía de una de estas reuniones en una vivienda de El Cadillal.
Éxtasis y fiestas electrónicas
La figura de Felipe Sosa también quedó bajo la lupa del fuero narco. Justina Gordillo, expareja del acusado y procesada por encubrimiento, declaró que «El Militar» se dedicaba a la venta de éxtasis en fiestas electrónicas desde hacía al menos dos años.
La sospecha de los investigadores es que Sosa, aprovechando su rol como empresario de seguridad privada, podría haber utilizado su estructura logística para distribuir drogas sintéticas. A esto se suma el testimonio de Nicolás Navarro Flores, otro de los imputados, quien confesó que Sosa le entregó una «piedra» de cocaína de 200 gramos y una caja de herramientas con troqueles de LSD tras el crimen.
Definiciones judiciales
Mientras la causa por femicidio avanza en el fuero provincial —donde ya se dictó la prisión preventiva para Sosa—, la derivación narco abre un conflicto de competencia. El fiscal Pedro Gallo ya remitió copias del expediente a la Fiscalía de Narcomenudeo, pero la magnitud de la organización y los nexos interprovinciales de «El Paraguayo» inclinarían la balanza hacia la Justicia Federal.
Por ahora, el teléfono de Érika sigue sin aparecer, pero la información recuperada de «la nube» promete ser el hilo para desbaratar una red que mezcla sangre, droga y uniformes.