La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de la defensa y avaló una pericia que es considerada clave por los investigadores.
En la jornada de hoy la Corte Suprema de Justicia dio por terminada la discusión sobre quién debía analizar los teléfonos y equipos electrónicos secuestrados a Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario en la causa por la muerte de Fiscal Alberto Nisman. Según indicaron fuentes judiciales, por unanimidad, el máximo tribunal rechazó un recurso de queja de la defensa del perito informático que impugnaba que fuera el Fiscal Eduardo Taiano, en vez del juez Julián Ercolini, el que analizara y seleccionara la prueba de lo que se encontrara en esos elementos secuestrados.
los jueces de la Corte Suprema dejaron firme la resolución del Juez Federal Julián Ercolini, que en diciembre de 2019 dispuso que el Fiscal Eduardo Taiano tenga a su cargo la tarea de seleccionar, analizar e incorporar los elementos de prueba que pudieran hallarse en los aparatos y/o dispositivos electrónicos secuestrados en la investigación. La decisión ya había sido avalada por la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara de Casación Federal.
Segú fuentes judiciales, se trataba de una notebook y un teléfono de Lagomarsino, junto a un dispositivo del hijo del perito informático. También se secuestraron computadoras de los padres de Lagomarsino, en el marco de otro allanamiento. La defensa resaltaba que esos procedimientos se habían hecho dos años después de la muerte de Nisman y que además la fiscalía iba a tener acceso a los mensajes del perito informático y su defensa. Por eso pedían que fuera el juez el que seleccionara la información.
La Corte Suprema entendió que había que desestimar la presentación de Lagomarsino por considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. El fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horario Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti. En la misma resolución también se intimó a hacer efectivo el depósito para llegar a la instancia del máximo tribunal, “bajo apercibimiento de ejecución”.
El juez federal Julián Ercolini procesó a fines de 2017 a Diego Lagomarsino, el perito tecnológico que trabaja para Nisman, como partícipe necesario del delito de homicidio. Lagomarsino fue quien le llevó la noche del sábado 17 de enero de 2015 al fiscal una pistola Bersa calibre 22. De esa arma salió el tiro que terminó con su vida. También fueron procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro custodios de la Policía Federal que tenía Nisman.
Lagomarsino fue una de las últimas personas que vio con vida a Nisman y siempre expresó su inocencia: dijo públicamente y en la Justicia que llevó el arma por pedido del fiscal. Según aseguró, Nisman le había dicho que temía que “algún loquito” lo agrediera y quería estar protegido. En su indagatoria, Lagomarsino calificó su relación con Nisman como de “amo-esclavo”. Dijo que el fiscal lo llamaba varias veces por día y que nunca podía decirle que no a nada que le pidiera.
La Cámara Federal revisó los procesamientos de los cuatro custodios de Nisman (de Lagomarsino no, porque no apeló), y habló de un homicidio: “Nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar a prima facie que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”.
Precisamente, Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus colaboradores y funcionarios por lo que entendió era un plan de encubrimiento para los iraníes acusados de haber volado la mutual judía, a través de la firma del Pacto con Irán.
Precisamente, la hoy vicepresidente y el resto de los acusados están reclamando al Tribunal Oral Federal 8 la nulidad de esa causa por las reuniones que tuvo el ex presidente Mauricio Macri con dos jueces de Casación que ordenaron reabrir la denuncia de Nisman (cuando ya había sido cerrada) y también pidiendo el cierre de la investigación por inexistencia de delito.