El director de la ANDIS, aseguró que se descubrió serias irregularidades y posibles fraudes. Los beneficios legítimos no se verán afectados.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- El Gobierno de Javier Milei está realizando una rigurosa auditoria en 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, otorgadas en los últimos años en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, está al frente de éste control, luego de detectar serias irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios.
El titular del ANDIS, Diego Spagnuolo, informó que la auditoría reveló que solo el 7% de los casos analizados hasta el momento cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
“Nos encontramos con situaciones que son inaceptables, como el uso de una misma radiografía en cientos de expedientes e incluso la presentación de imágenes de un perro para justificar la invalidez laboral”, explicó Spagnuolo. Estos hallazgos han generado una denuncia penal que está siendo investigada por la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán.
La auditoría se implementó paralelamente a la investigación oficial, que había revelado “un esquema de corrupción”, en la gestión de estas pensiones durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Spagnuolo afirmó que el Gobierno no tiene intención de retirar los beneficios a quienes realmente los necesitan y cumplen con los requisitos, pero advirtió que los casos fraudulentos serán cancelados inmediatamente.
La cifra total de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en el país supera el 1.250.000, y se sospecha que alrededor de 500.000 de estas pensiones podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. Esta situación ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas para revisar todos los expedientes y asegurar que las pensiones sean entregadas únicamente a quienes realmente lo necesitan.
La gestión del Poder Ejecutivo Nacional, mostró su firme decisión de corregir los errores del pasado y evitar que el sistema de pensiones sea utilizado como una herramienta política o de favoritismo. “Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, concluyó el funcionario.