La presentación solicita que se investigue una presunta maniobra sostenida durante más de dos décadas para eludir el pago del Impuesto a las Ganancias en perjuicio del fisco nacional.
TUCUMAN.- Una denuncia penal de fuerte impacto institucional fue presentada ante la Justicia Federal y apunta contra los tres vocales del Tribunal de Cuentas de Tucumán, a quienes acusan de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y evasión fiscal agravada. La presentación solicita que se investigue una presunta maniobra sostenida durante más de dos décadas para eludir el pago del Impuesto a las Ganancias en perjuicio del fisco nacional.
La denuncia fue promovida por el periodista Christian Eduardo Sanz y se dirige contra el presidente del organismo de control, Miguel Chaiben Terraff, y los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal, quienes —según el escrito— habrían utilizado un dictamen interno del propio Tribunal de Cuentas para eximirse del tributo que deben abonar todos los funcionarios públicos que perciben ingresos de cuarta categoría.
Un acuerdo interno bajo la lupa judicial
De acuerdo con la presentación, el eje de la maniobra estaría en el Acuerdo N° 1.171/97, mediante el cual los vocales interpretaron que el pago del Impuesto a las Ganancias afectaría la “intangibilidad” de sus remuneraciones y su independencia funcional. Para el denunciante, esta interpretación constituye una exención impositiva ilegítima, creada por los propios beneficiarios y sin respaldo en la legislación vigente.
El escrito remarca que ni la Constitución de Tucumán ni la Ley de Administración Financiera Provincial N° 6.970 contemplan exenciones tributarias para los miembros del Tribunal de Cuentas. Además, subraya que en materia tributaria la analogía está expresamente prohibida y que las exenciones solo pueden surgir de la letra clara de la ley.
El antecedente de jueces y funcionarios
La denuncia también pone el foco en la reforma de la Ley del Impuesto a las Ganancias de 2016, que estableció que los jueces y funcionarios judiciales designados a partir de ese año deben tributar el impuesto. Incluso antes de esa reforma, sostiene el escrito, la garantía de intangibilidad salarial nunca implicó una inmunidad tributaria absoluta, y mucho menos para organismos de control que no ejercen funciones jurisdiccionales.
“Si los jueces pagan Ganancias, no existe argumento válido para que los miembros del Tribunal de Cuentas permanezcan al margen de un impuesto general”, advierte la presentación judicial.
Según la denuncia, el Tribunal de Cuentas no habría retenido ni ingresado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los montos correspondientes al impuesto durante años, lo que podría configurar no solo infracciones administrativas, sino también el delito de evasión fiscal agravada, previsto en la Ley 27.430, cuando media abuso de la posición funcional.
El escrito sostiene que, por tratarse de contadores y abogados que integran la máxima autoridad de control externo de la provincia, el deber de diligencia es mayor y la conducta resulta aún más grave.
Pedido de investigación urgente
La presentación solicita que se decrete el secreto de sumario, se requiera a ARCA el expediente administrativo ya iniciado y se instruya la causa en el fuero federal. También deja planteada la reserva del caso federal para una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.