La Procuración del Tesoro presentó escritos en la Justicia de Nueva York. Cumplir con el fallo violaría la ley argentina.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la jornada de ayer el Gobierno de la Nación Argentina, solicitó a la jueza Loretta Preska, suspender la entrega de acciones estatales de la petrolera al fondo Burford Capital, que reclama una indemnización de U$S 16.000 millones.
La Procuración del Tesoro Nacional presentó dos escritos ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde argumenta que cumplir con la sentencia implicaría violar legislación argentina, y poner en riesgo la estructura financiera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y afectar el interés público.
El Poder Ejecutivo Nacional denunció además, que declaraciones recientes del gobernador bonaerense Axel Kicillof fueron utilizadas por los demandantes para debilitar la posición argentina ante la jueza. “Continúa entorpeciendo y empeorando la posición del país”, señalaron, en referencia a transcripciones aportadas por el fondo Petersen/Eton Park que citan expresiones del ex-ministro de Economía.
La Procuración argumentó: “El caso YPF no es una disputa comercial ordinaria. Es un proceso sin precedentes, con un fallo apelado de U$S 16.100 millones, que plantea cuestiones jurídicas complejas. Incluso el propio gobierno de Estados Unidos ha expresado desacuerdo con este tipo de decisiones”.
Según el planteo oficial, la ejecución del fallo podría generar consecuencias legales y económicas de magnitud: la pérdida del control accionario de YPF por parte del Estado, la activación de cláusulas contractuales en bonos emitidos por la petrolera, pagos anticipados a acreedores y una potencial afectación a más de 23.000 empleados. “La República sería despojada de su participación mayoritaria en YPF”, advirtieron.
El escrito expresa que si se ratificara la sentencia, no podría llevarse a cabo sin la aprobación del Congreso de la Nación, como establece la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera. Por eso, el Gobierno aseguró que cualquier traspaso de acciones sería jurídicamente inviable desde el punto de vista local.
Respecto al fondo Bainbridge, que también presentó oposición al pedido de suspensión, la defensa argentina sostuvo que no existe urgencia ni perjuicio real que justifique una transferencia inmediata. Además, remarcaron que no hay jurisprudencia que permita ejecutar activos soberanos que no estén en territorio estadounidense, tal como pretende el fallo actual.
La Procuración del Tesoro recalcó que seguirán litigando el caso en defensa de la soberanía argentina y del interés público, y aseguraron que el proceso todavía tiene margen para revertir la decisión judicial.