Mientras las estadísticas oficiales celebran una baja en la inflación, millones de argentinos enfrentan el deterioro silencioso del plato diario. La inseguridad alimentaria crece en todo el país, con impacto desigual entre niños, mujeres y zonas rurales. Esta crisis, sin hashtag ni DNU, exige respuestas políticas concretas y sin intermediarios.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Argentina: austeridad y hambre oculta
En el primer semestre de 2024, la pobreza en Argentina alcanzó el 52,9%, frente al 41,7% registrado a fines de 2023, según datos del INDEC. Más adelante, descendió al 38,1% en el segundo semestre, aunque con una fuerte caída del consumo y sin mejoras perceptibles en el acceso a la canasta básica. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte cifras aún más graves: 55,5 % de pobreza y 18% de indigencia. La recuperación estadística no se refleja en la mesa de millones de argentinos.
Si bien la inflación bajó del 276% anual en 2023 a una tasa proyectada cercana al 66% para fines de 2024, los salarios reales siguen por debajo de niveles prepandemia. La caída del poder adquisitivo golpea sobre todo a los hogares con menores ingresos, quienes destinan más del 50% de su ingreso a la compra de alimentos.
Según la agencia Reuters, en barrios del conurbano bonaerense familias enteras sobreviven con una sola comida diaria, muchas veces rescatada de la basura. Naciones Unidas reportó que la inseguridad alimentaria moderada o severa afecta al 36% de los hogares argentinos, lo que equivale a más de 10 millones de personas. Se estima que al menos 1,5 millones de niños omiten una comida diaria, y en algunas zonas se han detectado síntomas de malnutrición grave.
La cuestión no se reduce al gasto público: es un problema de dignidad. La libertad sin pan es una ficción, y el mercado sin justicia es feudalismo encubierto. Un Estado republicano debe garantizar el derecho a la alimentación como base de la autonomía individual. La caridad institucional no reemplaza a una política alimentaria con enfoque de derechos.
Lo que está en juego no es solo la alimentación: es la salud, la capacidad cognitiva, la escolaridad y el proyecto de vida de millones. La FAO alertó que más de 1 de cada 3 niños en Argentina no consume proteínas ni frutas diariamente, lo que se traduce en trastornos físicos y mentales severos. La UCA advirtió sobre un crecimiento de la malnutrición infantil urbana, combinando desnutrición calórica con sobrepeso por harinas baratas y alimentos ultraprocesados. Esto configura una forma nueva de exclusión: ser pobre en un país que produce alimentos, pero sin acceso ni a su valor nutricional ni cultural.
Latinoamérica: avances frágiles y contrastes sociales
En 2023, el hambre en América Latina y el Caribe afectó al 6,2% de la población (unos 41 millones de personas), descendiendo desde el 6,6% de 2022. La inseguridad alimentaria moderada o severa, sin embargo, alcanzó al 28,2%, es decir, a más de 186 millones de personas, según el Panorama Regional de Seguridad Alimentaria de la FAO.
En Sudamérica, la prevalencia de hambre es del 5,2%; en Mesoamérica, del 5,8%; y en el Caribe, asciende al 17,2%. La brecha urbano-rural alcanza los 8,2 puntos porcentuales, y la brecha de género, 5,2 puntos, afectando especialmente a mujeres rurales, pueblos originarios y niños. El costo diario de una dieta saludable en la región es el más alto del mundo: US$ 4,56 por persona. Esto deja fuera a casi 183 millones de personas que no pueden costear una alimentación mínima de calidad.
En 2023, el 74% de los países latinoamericanos enfrentó eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas, lluvias intensas e incendios. De ellos, más de la mitad sufrió impactos directos en la producción y distribución de alimentos. Se consolida la llamada “doble carga de malnutrición”: por un lado, desnutrición crónica en el 11,5% de los niños menores de cinco años; por otro, sobrepeso infantil en el 8,6%, ambos por dietas pobres en nutrientes y excesivamente procesadas.
En Haití, la situación alcanza niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. También persisten focos graves en Guatemala, Honduras y Venezuela, donde el colapso institucional impide respuestas sostenidas.
Panorama global: progresos lentos y amenazas crecientes
El informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025 (llamado SOFI por sus siglas en inglés), publicado en julio, muestra que el hambre global bajó al 8,2 % en 2024, afectando entre 673 y 720 millones de personas frente al 8,5% en 2023. No obstante, sigue lejos de los objetivos globales para 2030.
En 2024, más de 295 millones en 53 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda, un aumento de 13,7 millones respecto a 2023. Representan ya el 22,6 % de la población evaluada. Los conflictos y el clima son los principales impulsores.
Aunque la proporción mundial de subalimentados cayó, se espera que hacia 2030 alrededor de 512 millones aún sufran hambre, de los cuales un 60 %estará en África.
Un grupo de 153 premios Nobel advirtió sobre el riesgo de colapso si no se impulsa una estrategia disruptiva e innovadora para duplicar la producción de alimentos con una visión sustentable.
Conclusión: libertad con dignidad
Argentina se encuentra ante una emergencia alimentaria no declarada, con niveles alarmantes de pobreza infantil y deterioro social en aumento. Latinoamérica muestra avances regionales, pero continúa atravesada por desigualdades históricas, cambio climático y exclusión estructural. A nivel global, el hambre retrocede lentamente, pero no se disipa: el riesgo de colapso sigue latente.
Recomendaciones
- Homologar estadísticas sociales con metodologías auditables y estándares internacionales.
- Implementar transferencias digitales focalizadas, con transparencia fiscal y control ciudadano.
- Impulsar la agricultura familiar y los mercados de proximidad, evitando el oligopolio alimentario.
- Reducir impuestos sobre alimentos básicos de la canasta mínima.
- Universalizar la asistencia alimentaria pública, sin intermediarios ni clientelismo.
- Reempadronar comedores y asistencia bajo auditoría social y universitaria, no partidaria.
- Incentivar ferias comunitarias y mercados populares, facilitando producción local y abaratando el acceso.
- Apoyar a productores independientes, cooperativas, agricultores familiares y sistemas agroecológicos.
Una república auténtica no garantiza solo libertades formales: se garantiza con condiciones materiales para el ejercicio de la ciudadanía… Y de la vida.