A través del Decreto 84/2026, el Ejecutivo Nacional puso en vigencia el nuevo esquema de Pensiones No Contributivas. La Secretaría Nacional de Discapacidad (SND) pasa a la órbita del Ministerio de Salud y se activará un plan de auditorías en todo el país.
Hugo Roldán
El Federal Noticias

BUENOS AIRES.- El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este miércoles, mediante la publicación del Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial, la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida establece un nuevo paradigma en el acceso, permanencia y control de las pensiones no contributivas, marcando un giro en la política de protección social vigente.
La decisión del Gobierno no es aleatoria: surge como respuesta inmediata a una resolución del Juzgado Federal de Campana. Dicho tribunal había declarado inválida la suspensión de la Ley 27.793, ordenando al Estado su aplicación efectiva. Ante el revés judicial, la Casa Rosada avanzó con la reorganización institucional necesaria para dar cumplimiento a la normativa.
Reorganización ministerial y enfoque sanitario
Uno de los cambios más significativos del decreto es el traspaso de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que a partir de ahora dependerá directamente del Ministerio de Salud.
Con este movimiento, el Gobierno busca concentrar en una sola cartera la planificación y ejecución de las políticas del sector. El objetivo declarado es implementar un «enfoque integral» que logre articular tres ejes que hasta ahora funcionaban de forma fragmentada: salud, protección social e inclusión laboral.
Claves del nuevo régimen: Pensiones y Auditorías
El decreto introduce modificaciones operativas de alto impacto para los beneficiarios actuales y futuros:
Conversión Automática: Todas las pensiones no contributivas vigentes se transformarán de manera directa al nuevo régimen de Pensión por Discapacidad para Protección Social.
Compatibilidad: Se fijaron nuevos criterios para determinar si el beneficio es compatible con otros ingresos o prestaciones.
Control y Auditoría: La SND tiene un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas ante el Consejo Federal de Discapacidad. Este organismo también deberá definir los parámetros de evaluación socioeconómica para los nuevos aspirantes.
Implementación federal
La norma, que entró en vigencia el pasado 3 de febrero, contempla que las acciones complementarias de financiamiento y ejecución se realicen mediante esquemas de cooperación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Con esta reglamentación, el Estado intenta normalizar un área que atravesó meses de incertidumbre jurídica, aunque el foco estará puesto ahora en la rigurosidad de las auditorías anunciadas y en cómo afectarán la continuidad de los beneficios actuales.

