El Ministerio de Capital Humano detectó 9 pólizas por aproximadamente $30 millones. Los pruebas fueron puestas a disposición del Juez Julián Ercolini.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En las últimas surgieron novedades en el marco de la causa que investiga el escándalo descubierto en las contrataciones de seguros en el Estado durante la gestión del ex-presidente, Alberto Fernández.
Una auditoría que realiza el Ministerio de Capital Humano detectó más contratos sospechosos por un monto estimado de $30.000.000.
Se detectaron 9 (nueve) pólizas de seguros, que fueron contratadas por el ex-ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Quien figura como apoderado es Carlos Soria, una de las personas apuntadas como parte de la maniobra asegurativa. La documentación ya fue puesta a disposición del Juez Julián Ercolini, que es quien lleva adelante la causa iniciada por las denuncias de la dependencia en cuestión, la ANSES y Nación Seguros S.A, en la que es investigado el ex- primer mandatario.
Laos datos surgen de la supervisión de un “convenio interadministrativo” firmado en junio de 2022 entre el ministerio que encabezaba Elizabeth Gómez Alcorta y la empresa estatal Nación Seguros. En dicho acuerdo, la compañía fue representada por Soria, hombre que ya es investigado en la causa que tiene a cargo Ercolini.
Las pólizas contratadas fueron para dar cobertura para incendios en el edificio de Paseo Colón al 275, cristales, y responsabilidad civil. Además, ofrecieron cobertura para equipos electrónicos, como teléfonos celulares, notebook, teclados, cámaras, etc.
No es la primera denuncia que presenta la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Antes se apersonó para dar cuenta del hallazgo de una póliza contratada por el Instituto Nacional del Teatro y la estatal Nación Seguros, donde se detectó la presencia de la empresa Castello Mercuri S.A. principal aportante de la campaña de Alberto Fernández en 2019.
La causa se originó por una auditoría encabezada por el ahora ex-titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, quien detectó que debía pagarle a Nación Seguros un contrato por $1700 millones por coberturas de seguros de vida a jubilados que recibían créditos. Allí se descubrió además la presencia de terceros que cobraban comisiones en coberturas que proporcionaba el Estado.