Las principales bolsas de comercio y entidades del mercado de capitales advirtieron sobre el impacto negativo que tendrá la reforma fiscal aprobada por el Congreso. Alertan por un retroceso en el financiamiento productivo y piden revisar la medida.
BUENOS AIRES.- Las Bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes, junto al Mercado Argentino de Valores, A3, BYMA y la Caja de Valores, emitieron un comunicado conjunto enérgico y contundente contra la reciente modificación del régimen fiscal que afecta a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), sancionada por el Congreso Nacional el pasado 10 de julio.
El documento señala que la reforma constituye un “golpe directo” a uno de los instrumentos más eficientes y federales de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al modificar las condiciones impositivas bajo las cuales operan las SGR.
“Las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino. Han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo”, remarcaron las entidades.
La modificación fue aprobada sin consultas ni debate previo, lo que para los firmantes del comunicado representa no solo una decisión inconsulta, sino un retroceso en un esquema público-privado que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y beneficios concretos en términos económicos, sociales y fiscales.
Uno de los argumentos más cuestionados por el sistema bursátil es el supuesto “costo fiscal” que se habría utilizado como justificación para la reforma: apenas el 0,02% del PBI, una cifra mínima frente al impacto positivo del sistema de garantías en el financiamiento productivo.
“El crédito productivo en Argentina representa solo el 11% del PBI, y sin las SGR esa cifra sería aún menor. El sistema ha sido clave para permitir que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal”, destacaron.
Finalmente, el comunicado concluye con un llamado urgente a revisar la medida para evitar “daños irreparables” al tejido productivo nacional, particularmente en un contexto en el que las PyMEs enfrentan dificultades crecientes para acceder al financiamiento.
Las entidades firmantes reiteraron que están dispuestas al diálogo, pero advierten que esta decisión puede desarmar uno de los pocos mecanismos eficaces y federales de apoyo a la producción y el empleo formal en el país.