La red de organizaciones denunciaron que el año pasado en Argentina recibieron 51 alertas por ataques a la prensa.
Las organizaciones que forman parte de la Red Voces del Sur presentaron el «Informe Sombra 2019» que recopila las alertas relacionadas con las violaciones a los derechos informativos en 10 países de América Latina.
Durante una rueda de prensa transmitida por diversas plataformas digitales, miembros de los organismos que integran Voces del Sur explicaron los hallazgos más resaltantes del monitoreo de la libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
Es una organización regional de defensa de la libertad de expresión en América Latina de la cual FOPEA Foro del Periodismo Argentino, forma parte, presenta un reporte que documenta y analiza de manera independiente la situación del periodismo latinoamericano.
Enrique Gasteazoro, Editor del Informe, abrió la ponencia indicando que el estudio se basa en alertas que miden el “número de casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios asociados de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses”.
De allí se desprenden entre otros datos que en: “Argentina los incidentes contra periodistas se reportaron mayormente en protestas y eventos deportivos”. En cuanto a Brasil, manifestó que “existe una alta vulnerabilidad de los periodistas en el interior del país” y que “el acoso digital ha sido una constante entre los trabajadores de la prensa”.
Así mismo, “en Ecuador los ataques contra la prensa provienen de actores estatales y actores no estatales, en su mayoría grupos violentos” y que en este país hay un discurso anti-prensa promovido por el gobierno ecuatoriano”. Con respecto a Honduras, se resaltó que “es una de las naciones más violentas del continente” y que “hay agresiones perpetradas por parte de actores desconocidos, como bandas delictivas y grupos violentos para estatales”.
Del panorama en Uruguay y Perú, se reveló que los incidentes registrados son eventos específicos y no una muestra del deterioro estructural de la situación. “Caso contrario a lo que ocurre en Nicaragua y Venezuela, en donde existe un deterioro claro de la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información”, se especificó.
Con respecto a Venezuela es el país con los números más críticos entre los monitoreados, según el Informe «en los últimos 12 meses, en esta nación se reportaron 642 alertas, un incremento de 228% en comparación al mismo período de 2018, cuando se contabilizaron 196».
El reporte evidencia que en el país las cifras son dramáticas, principalmente porque “el Estado ha demostrado su desinterés para proteger la libertad de prensa y de expresión”.
Voces del Sur está conformado por FUNDAMEDIOS, Ecuador; Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Perú; Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Venezuela; Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP); Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Argentina; Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras; y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo), Uruguay.
Las organizaciones trabajan colectivamente en la construcción de indicadores, con base en los objetivos de desarrollo sostenible (ods) de Unesco, para el monitoreo y reporte de agresiones a la libertad de expresión.
Resaltan que la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas son dos pilares importantes del Estado de derecho que, a su vez, es una condición indispensable y un resultado del buen gobierno y de un programa de desarrollo centrado en los Derechos Humanos.
Los indicadores de análisis que sostienen la tarea desde 2017 son:
- Acceso a la información
- Agresiones y ataques
- Asesinatos
- Desaparición forzada
- Detención arbitraria
- Discurso estigmatizante
- Marco jurídico contrario a estándares
- Procesos judiciales
- Restricciones en Internet
- Secuestros
- Tortura
- Uso abusivo del poder estatal
Tanto de manera regional como local, la información recabada indica un rápido deterioro en la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en el contexto de creciente represión y restricciones.
En nuestro país las alertas son evidentes con casos resonantes como la demanda judicial que realiza el Senador Oscar Parrilli contra el periodista Marcelo Bonelli en el escándalo Odebrecht, el «ciberpatrullaje» que indicara la propia Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Fréderic o la detención de «El Presto» influencer en redes sociales ligada a denuncias con una marcado sesgo político.