El incremento del 5 por ciento en los haberes jubilatorios que el gobierno otorgará en diciembre será a cuenta de futuros aumentos. Esto quiere decir que, si se aprueba la ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, en marzo se descontará este porcentaje de haberes previsionales, lo cual consumará el brutal ajuste a los pobrs jubilados.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto definitivo de movilidad previsional y el texto incluye una sorpresa para los jubilados. El Gobierno tiene previsto descontarles a los jubilados, a la hora de dar un aumento a los haberes en marzo de 2021, el 5% que se otorgará el mes próximo según lo que se anunció y se dispuso por el decreto 899, publicado el miércoles último en el Boletín Oficial. De esta manera, el incremento del último mes de este año no será en realidad más que un anticipo de las recomposiciones a otorgar en 2021 y no una suba genuina previa a la implementación de una nueva modalidad de cálculo de las actualizaciones.
Eso surge del texto del proyecto de ley, que difundió el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), presidente de la Comisión Mixta que tuvo la tarea de analizar el tema. En la nueva versión de la iniciativa se incluyó un artículo, bajo el título de «disposiciones complementarias y transitorias», que indica que «el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el resultante diferencial entre el porcentual que arroje la aplicación de la fórmula que se aprueba para el incremento y el correspondiente a diciembre de 2020 que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N° 27.541».
La fórmula que el Poder Ejecutivo busca que apruebe el Congreso está basada en la variación de la recaudación de recursos tributarios que se destinan a la Anses dividida por la cantidad de beneficios y en la evolución de los salarios formales según el índice Ripte. A diferencia de la fórmula aplicada en el gobierno de Mauricio Macri, las jubilaciones no estarán atadas a la inflación, con lo cual los jubilados van a perder poder adquisitivo.
El argumento del gobierno es que para determinar el porcentaje del mes de marzo se considerará lo ocurrido con las variables en el segundo semestre de este año, que incluye el 5 por ciento que se abonará el mes próximo. Como los haberes se actualizarán semestralmente -en vez de trimestralmente- ya incluye el 5 por ciento que se otorgará en diciembre.
Por lo tanto, «ese aumento de diciembre va a cuenta de lo que será el de marzo».
Desde la Anses, justificaron la cláusula al explicar que, «el proyecto de ley establece que el aumento trimestral otorgado en diciembre sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para el mes de marzo de 2021».
Sin embargo, cuando se anunció el 5% para el mes de diciembre se lo comunicó como una suba más para este año; nunca se aclaró que luego sería descontado. Además, la primera versión del proyecto de ley que hizo el Poder Ejecutivo tampoco incluía esa disposición.
El proyecto oficial de cambios al sistema jubilatorio fue anunciado en la noche del 9 de noviembre mediante un comunicado del Ministerio de Economía, horas antes de que comenzara una visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional al país. Días después, en una reunión de la ya mencionada comisión, en la que expuso la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, los legisladores del oficialismo aprobaron un dictamen (sin modificar nada de la iniciativa llegada desde Economía) y le enviaron el texto al Poder Ejecutivo, que ahora les remitió a los legisladores la versión definitiva de lo que quiere que se apruebe en los próximos días.
Pocos días atrás, un fallo de la Cámara Federal de Paraná declaró para un caso en particular la inconstitucionalidad de los decretos con los que se dieron las subas de marzo y de junio de este año, por haberse otorgado porcentajes de subas inferiores a los que correspondían por la movilidad suspendida. La sentencia de los jueces Mateo Busaniche y Beatriz Estela Aranguren, dictada en el marco de la causa «Cabrera, Roque Agapito c/ Anses sobre reajustes varios», también sostiene que resulta inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia con el cual se prorrogó la suspensión de la fórmula de movilidad.
Alberto Fernández en campaña decía que iba a desarmar las Leliq para aumentar 20 por ciento los abres jubilatorios. Todo fue una falsa promesa.
Fuente: LA NACION – EL FEDERAL NOTICIAS
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