La Unidad de Información Financiera y la AFIP solicitaron que se condene al empresario por la compra del predio El Entrevero, en Uruguay.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Nuevamente el condenado Lázaro Báez, está en problemas judiciales. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), solicitaron condenas en un juicio por lavado de dinero, relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay.
La UIF pidió una condena de 9 (nueve) años de prisión para el empresario, mientras que la AFIP solicitó 7 (siete) años y medio.
Con los alegatos de las querellas y las exposiciones de los abogados defensores, el proceso entrará en su etapa final hasta que el 8 de abril, cuando sea el turno de la exposición del Fiscal Abel Córdoba, para que los Jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.
El proceso judicial que tiene en la mira al «empresario preferido» de Néstor Kirchner, que ya fue acusado y condenado por corrupción en la conocida causa de “La ruta del dinero K”, por la que fue condenado a 12 (doce) años de prisión por lavado de dinero, que luego le redujeron a 10.
Ahora Báez, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux, serán juzgados por la compra de un campo en Uruguay, por U$S 14 millones; más un terreno en la localidad uruguaya de José Ignacio, por U$S 320.000, y departamento en Libertador y Ruggeri por unos U$S 800.000, supuestamente con dinero a blanquear.
La operación principal que está siendo investigada es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra. En esta operación, según la acusación, participaron varias sociedades y testaferros de Báez en un intento de ocultar a los verdaderos dueños. Leonardo Fariña declaró en el juicio que se invirtió más dinero, mencionando 16 millones de dólares, y afirmó que los involucrados en la operación se quedaron con parte del dinero.
Los acusados participaron en la operación, supuestamente ordenada por Báez, realizada a través de sociedades constituidas en Uruguay, y luego terminaron denunciándose mutuamente.