BUENOS AIRES.- La cortina de humo perfecta. El gobierno aprovechó que mientras en la Cámara de Diputados se debatía el polémico proyecto de legalización del aborto, el Senado avanzó con el ajuste a los jubilados y la confiscación de fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria con 41 votos a favor y 26 en contra, de esta manera, avanza a la Cámara de Diputados de la Nación.
La nueva fórmula impulsada por el presidente Alberto Fernández ajustará cuatro veces al año los haberes previsionales, basados en la recaudación y en los salarios. A diferencia de la ley de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, la inflación no será tenida en cuenta a la hora de los aumentos en las jubilaciones. Con lo cual, el sector pasivo seguirá perdiendo poder adquisitivo como todo el 2020 con los aumentos por decretos otorgados por el presidente Fernández.
En plena campaña electoral, Fernández había prometido otorgar un 20 por ciento de incremento en los haberes jubilatorios, pero sólo quedó en una falsa promesa.
Con la nueva Ley el aumento de los haberes se realizará trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. La primera actualización se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2021.
La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, estuvo en el Sendo cuando se trató este proyecto y mintió: “Esta fórmula jubilatoria logrará que los haberes de los jubilados y las jubiladas aumenten por encima de la inflación y les permitirá mejorar su calidad de vida. Además, trae algo muy importante para los jubilados y jubiladas argentinas que es previsibilidad, que sepan cuándo van a tener sus aumentos”. Falso. La ley aprobada durante el macrismo se actualizaba cada tres meses, por ende, los jubilados tenían certeza de la fecha de cobro.
Este proyecto de Ley fue analizado durante más de 20 jornadas por una comisión mixta integrada por diputados y senadores de todos los bloques políticos donde se reunieron y escucharon a más de 24 especialistas, abogados previsionales, jueces y camaristas de la seguridad social.
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