Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo, sobre el acuerdo entre la titular del PAMI, la camporista Luana Volnovich, y la Facultad de Medicina, para la incorporación de pasantes y que tenía varios puntos oscuros, según una investigación de EL FEDERAL NOTICIAS.
La resolución, que lleva las firmas de Hernán Berisso, Juan Aicega, Fernando Iglesias, Rubén Manzi, Francisco Sánchez, Omar De Marchi, Claudia Najul, Lidia Ascárate, David Schlereth, Leonor Martínez Villada, Mercedes Joury, apunta a saber varios items:
1. Especificar la cantidad de pasantes que serán contratados para desempeñar funciones en el PAMI.
2. Especificar el monto real del salario que percibirá cada uno de los pasantes para desarrollar estas tareas.
3. Especificar en concepto de que la Universidad recibirá un porcentaje del monto del contrato.
4. Identifique qué función y/o servicio prestarán dentro de la entidad.
5. Informar cuál es el tipo de perfil y/o formación que se busca para dicha vacante.
El acuerdo firmado por Volnovich con la Universidad no detalla los puntos del acuerdo. «Resulta preocupante la poca información que surge de la Resolución-2020-1746-INSSJP-DE-#INSSJP publicada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a raíz de un convenio realizado con la Facultad de Medicina de la UBA, en cuanto a cómo afrontará el Estado este tipo de gastos en momentos tan difíciles a nivel económico, y cuál es el fundamento real del mismo», fundamenta el escrito de los diputados.
«No queda claro qué tipo de perfil es el que se busca ni la tarea a desarrollar. También resulta llamativo que la norma hable de tareas administrativas, y que para ello contrate en un plan de pasantías a estudiantes de medicina», agrega el escrito.
«Por otro lado señala que el pasante percibirá un salario básico del convenio colectivo de trabajo, no especificando el monto real», señala.
«Han sido varios los convenios que el PAMI ha llevado adelante con distintas universidades en estos últimos meses, entre ellos el acordado con la Universidad de San Martín a fin de desarrollar un call center para realizar encuestas, por un monto cercano a los 40 millones de pesos, situación que también ha llamado la atención de los beneficiarios de PAMI en este momento donde consideramos que todos los fondos del organismo deberían estar destinados a garantizar la mejor cobertura de salud para sus afiliados», finaliza el escrito.
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, está siendo investigado por la Justicia por los acuerdos con fundaciones y universidades con el objetivo de esquivar los controles de esos gastos.
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