La Justicia tiene indicios que hay personas que retienen tarjetas de beneficiarios y cobran en nombre de ellos.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
Producto del resultado de estudios hechos por la AFIP el trimestre pasado, el Juez Federal Ariel Lijo le ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que realice una auditoría biométrica antes del 15 de enero para determinar la identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en el marco de una causa que investiga a presuntos intermediarios que retenían tarjetas y cobraban en nombre de otras personas.
La investigación, además de intentar identificar a los intermediarios, involucra al Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Todo se inició con el pedido de investigación hecho por el ex-ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, para cruzar la base de datos de los beneficiarios del plan, que otorga la mitad de un salario mínimo (unos $25.000), con la de personas que compraron dólares o declararon Bienes Personales.
Ese entrecruzamiento determinó que unas 250.000 personas percibían el plan y, al mismo tiempo, habían adquirido dólares o tenían registrado un inmueble o un vehículo nuevo. Luego, un análisis más fino determinó que en algunos casos eran personas que tenían registradas compras de hasta 2 dólares, lo que puede relacionarse con el pago de servicios como Netflix o Spotify. En cuanto a los vehículos, lo mismo sucedía con motos para delivery.
Como resultado de la investigación se prevé, que podrían llegar a caer unos 150.000 planes. Previamente se debe corroborar cómo fueron entregados y si quienes cobraban la tarjeta eran los titulares o no, ya que se sospecha que algunos planes están asignados personas necesitadas, pero intermediarios les retenían las tarjetas para cobrarlos.
La auditoría consistirá en el registro biométrico de cada beneficiario del programa Potenciar Trabajo. El Juez Lijo solicitó que el Ministerio informe los avances de la auditoría el 20 de diciembre, para autorizar el pago de enero, y requirió que termine con todo el relevamiento, a más tardar, el 15 de enero. Los titulares de los planes tienen tiempo hasta el 6 de enero para validar su identidad. De no cumplir con el proceso, se frenarán los pagos. La validación de identidad sobre la totalidad de destinatarios del plan se viene realizando a través de un proceso con reconocimiento facial mediante la app Mi Argentina.
