El fiscal federal Eduardo Villalba formalizó la imputación de graves delitos en contra del intendente de Coronel Juan Solá en el marco de la investigación por la que ya está detenido su hijo, José Miguel.
En una audiencia que se extendió por una hora, y estuvo dirigida por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la Unidad Fiscal Federal de Salta avanzó con las imputaciones que ya había adelantado en torno al robo y contrabando de rieles en el norte de la provincia.
En este caso, el fiscal formalizó la imputación en contra del intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala por los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario.
Asimismo, le imputó el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Por otra parte, la fiscalía solicitó con éxito el levantamiento del secretario bancario, fiscal y bursátil, al igual que el arresto domiciliario del jefe comunal hasta el 31 de diciembre próximo.
Al iniciar la audiencia, el magistrado identificó al intendente, quien al responder sobre si tenía otra ocupación además del cargo pública que ostenta desde el año 1995, su defensor indicó que solo la de funcionario público. Confirmó ser natal de la localidad que gobierna.
Posteriormente, el juez cedió el turno al representante del Ministerio Público Fiscal, quien aclaró que la citación del intendente responde a una segunda etapa de muchas de la investigación penal que lleva adelante en torno al robo de rieles en el chaco salteño y su posterior contrabando a Bolivia, donde son reducido por cifras millonarias.
Como sucedió el lunes 4 de noviembre, cuando imputó delitos similares a su hijo, José Miguel Gerala y al comerciante David Edilberto Medina, el fiscal repasó los puntos salientes del caso, iniciado en agosto del año pasado a partir de la denuncia de personal de Correo Argentino, entidad que puso en evidencia el envío, a través de encomiendas, de más de 480 cubiertas que eran comercializadas por Medina.
Dado que el mismo ya tenía antecedentes por el delito de encubrimiento de contrabando, es que se focalizó la investigación sobre sus movimientos, a la vez que se dispuso una serie de intervenciones telefónicas, de las cuales se pudo saber que no sólo se dedicaba al contrabando de importación de neumáticos de Bolivia para su comercialización en el país, sino también al contrabando de exportación de material ferroso, en particular de rieles que eran robados del Ramal C-25, en el tramo entre las estaciones de las localidades de Padre Lozano y Morillo.
Es así que, en un nuevo enfoque, las pesquisas se centraron en el robo de rieles, ya que no solo se trata de patrimonio del Estado Nacional, sino también en razón de que el Poder Ejecutivo Nacional prohibió expresamente la exportación de material ferroso.
De las tareas investigativas, se estableció que Medina tenía varios proveedores de rieles robados. Uno de ellos, identificado sólo por las conversaciones que mantenía con el comerciante, afirmó de manera contundente contar con una gran estructura para el saqueo de los rieles e incluso podía asumir el traslado del material robado a un galpón de calle Alberdi al 900, en Orán, donde eran acopiados.
En julio pasado, en tanto, la fiscalía recibió una denuncia que sindicaba al hijo del intendente como el principal responsable del saqueo de rieles, lo que se confirmó al cotejar su número de teléfono con el proveedor que hablaba insistentemente con Medina para avanzar con la maniobra, al punto tal que aseguró contar ya con varios rieles sustraídos de los pueblos de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.
Recordó que la maniobra se completaba a través del paso de los rieles robados por fincas privadas, ubicadas en el límite fronterizo, cuyo fondo colinda con el vecino país de Bolivia, donde el material es recibido por compradores que previamente se contactan con Medina y acuerdan los valores de la transacción ilícita.