La Cámara Federal aceptó a una ONG como querellante, y podrán apelar el fallo que dictó el sobreseimiento de la ex-presidente.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Otra mala noticia, otro revés judicial para la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que la podría sentar nuevamente, en el banquillo de los acusados.
La Cámara Federal habilitó a una ONG como querellante en la causa de la Ruta del Dinero K, por lo que podrían revocarle el sobreseimiento.
La causa investigó el desvió de dinero a través de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en donde estaba involucrado el empresario cercano al matrimonio Kirchner, Lázaro Báez, quien ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos.
La organización no gubernamental, Asociación Bases republicanas, quedó habilitada como querellante en la causa. Con ésta medida, los sobreseimientos, tanto de la ex-Presidente, como de otros siete ex-funcionarios de la gestión kirchnerista y empresarios, podrían ser revocados y llevarlos nuevamente a juicio.
Cristina Fernández había sido favorecida por el Juez Federal Sebastián Casanello, a instancias del Fiscal Guillermo Marijuan, quien luego de 10 años de investigación, cambó de opinión y dijo que no había evidencias para acusarla del delito de corrupción.
Ahora la Cámara Federal habilitó a un acusador particular, para que apele ese sobreseimiento, por lo que podría haber una nueva instancia de juicio contra la líder del Unión por la Patria.
El fallo que habilitó la apelación, fue firmado por los Jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, con la disidencia de Eduardo Farah. “La corrupción en sus diversidades, que busca instalarse en los organismos estatales, daña las economías públicas justamente por quienes tienen el deber de administrarlas con un fin beneficioso para la Nación”, señala el texto.
“Resulta procedente la constitución como parte querellante de la asociación que nos ocupa en supuestos en los cuales se ven conculcados derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, en la medida en que el objeto social de la organización de que se trate, abarque la defensa y protección de tales garantías y que ello guarde relación con las particularidades de los hechos investigados”, indica el documento emitido por el tribunal.
