La justicia ordenó inmovilizar bienes del Estado argentino en el banco Lloyds en el marco de una condena por US$1800 millones.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
INGLATERRA.- La República Argentina enfrenta un nuevo revés judicial en el exterior. La justicia de Reino Unido ordenó congelar activos del Estado argentino en el banco Lloyds, en el marco de la causa por el Cupón PBI, en la que el país ya fue condenado a pagar unos U$S 1800 millones.
La medida fue dispuesta por una corte de Londres y tendrá vigencia, al menos, hasta la audiencia fijada para el próximo 21 de abril, donde se espera que se definan los próximos pasos del proceso. La decisión se vincula con el intento de los acreedores de garantizar el cobro de la sentencia firme que pesa sobre Argentina.
El fallo tiene su origen en una disputa judicial por la manipulación de las estadísticas del INDEC durante la gestión de la condenada Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. Los bonos conocidos como “Cupón PBI” estaban atados al crecimiento económico del país y contemplaban pagos adicionales en caso de que se superaran determinados niveles de expansión.
Los demandantes sostienen que el Estado argentino modificó la forma de calcular el Producto Bruto Interno (PBI) y dejó de publicar datos clave en 2013, lo que habría evitado activar el pago de esos intereses. Esa maniobra es la que derivó en la condena internacional que hoy vuelve a impactar sobre las cuentas públicas.
De acuerdo a lo informado, todavía no se precisó qué activos concretos fueron alcanzados por la orden judicial. Sin embargo, especialistas señalan que los detalles podrían conocerse en la audiencia de la próxima semana, cuando las partes expongan sus argumentos ante el tribunal británico.
Desde el Gobierno de la Nación adelantaron que buscarán revertir la medida. Fuentes de la Procuración del Tesoro sostienen que la Argentina no posee activos embargables en el Reino Unido, más allá de cuentas diplomáticas y bienes protegidos por inmunidad soberana, por lo que consideran que la decisión podría ser apelada.
El avance de los acreedores marca una nueva etapa en la estrategia para ejecutar el fallo. En los últimos meses, los fondos que ganaron la demanda intensificaron sus acciones legales para identificar bienes argentinos en el exterior que puedan ser objeto de embargo.
Los demandantes buscan ampliar la sentencia. Argumentan que, si se recalculara el crecimiento económico con la metodología original, la Argentina debería afrontar pagos adicionales por otros 1600 millones de euros correspondientes a años posteriores.