La mayoría de Diputados rechazó tratar la suspensión de Gerardo Orellana y Héctor Vargas. El primero está imputado en la causa por presuntas pensiones por discapacidad irregulares y el segundo, por presunto peculado y otras irregularidades con fondos públicos.
La Cámara de Diputados de Salta quedó en el centro de una fuerte polémica después de lo ocurrido durante la sesión del martes. La mayoría de los legisladores decidió no habilitar el debate sobre la suspensión preventiva de dos diputados actualmente imputados por la Justicia.
El planteo fue realizado en el recinto por el diputado Franco Lastra, de La Libertad Avanza, quien solicitó tratar sobre tablas dos iniciativas vinculadas a la situación de Francisco Gerardo Orellana y Héctor Raúl Vargas. Sin embargo, los votos necesarios no aparecieron y la discusión no pudo avanzar.
El punto que genera cuestionamientos no pasa por anticipar una condena. Tanto Orellana como Vargas conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra. Lo que se pretendía discutir era otra cosa: si correspondía que continuaran ejerciendo normalmente sus funciones mientras enfrentan imputaciones de semejante gravedad.
Las acusaciones contra Orellana
El caso del diputado por Anta Francisco Gerardo Orellana tuvo novedades judiciales esta misma semana. La información oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación confirma que fue imputado junto con otras 14 personas en una investigación por presuntas irregularidades en la obtención de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta.
La Fiscalía Federal le atribuyó los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se concentra principalmente en El Quebrachal y Joaquín V. González. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Carlos Martín Amad sostuvo que Orellana habría avalado durante su etapa como intendente trámites de personas que no cumplían los requisitos para recibir esos beneficios. La acusación también sostiene que se habrían ofrecido pensiones a cambio de votos y que algunos trámites irregulares implicaban pagos de dinero. Estas son, por ahora, hipótesis de la Fiscalía que deberán probarse durante el proceso judicial.
Vargas y una investigación por fondos públicos
La situación judicial de Héctor Raúl Vargas, exintendente de San Carlos, también es delicada.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lo imputó provisionalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos hechos de falsedad ideológica de documento público, todos en concurso real. Vargas decidió no declarar durante la audiencia.
Uno de los expedientes investiga la adquisición por $15 millones de un terreno destinado a un loteo social, operación que, según la Fiscalía, se habría realizado sin autorización del Concejo Deliberante. Los investigadores determinaron ingresos por $16.883.100 derivados de la venta de lotes y señalaron que no encontraron registros que permitieran establecer el destino de $1.883.100.
Pero no es el único punto bajo investigación. La causa también analiza fondos del programa nacional PROTAAL y 18 retiros mediante cheques por más de $64 millones desde una cuenta de la Municipalidad de San Carlos, respecto de los cuales, según el Ministerio Público Fiscal, no se encontró documentación respaldatoria.
El debate que los diputados decidieron no dar
Con semejantes expedientes judiciales sobre la mesa, la discusión planteada por Lastra apuntaba a una suspensión preventiva, no a determinar judicialmente la culpabilidad de los legisladores.
Ahí aparece el costo político de lo sucedido. Los diputados tenían la posibilidad de discutir públicamente qué estándar institucional debe adoptar la Cámara cuando uno de sus integrantes queda formalmente involucrado en una investigación penal grave. La mayoría decidió no abrir ese debate.
La propia documentación legislativa confirma que tanto Orellana como Vargas continúan formando parte de la Cámara y figuraban recientemente como autores de distintas iniciativas parlamentarias.
Para los salteños, lo ocurrido significa que los dos diputados continuarán en sus bancas mientras las causas judiciales siguen avanzando, salvo que posteriormente prospere alguna medida institucional diferente.
La Justicia tendrá la responsabilidad de determinar si las acusaciones contra Orellana y Vargas pueden probarse. La responsabilidad política de los diputados, en cambio, era decidir si correspondía siquiera discutir su continuidad en esas condiciones. Y ayer, la mayoría eligió no hacerlo.