El PRO rechazó la serie de despidos que se registran, en plena emergencia sanitaria, en distintos organismos autárquicos y empresas bajo control del estado en todo el país.
En distintas sedes provinciales como Córdoba, Misiones, San Luis, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero, y Río Negro, entre otras, se sucedieron en los últimos meses cientos de despidos cuya principal causal ha sido la presunción de pertenencia o simpatía política con la gestión nacional anterior.
Trabajadores estatales estigmatizados y segregados de sus funciones, por sus simpatías políticas o su afiliación, han sido finalmente despedidos sin causa válida y en condiciones discriminatorias e ilegítimas. Algunos fueron incluidos en los listados de despidos de organismos como el PAMI simplemente por la fecha de ingreso si ésta correspondía al período 2015/2019, otros fueron desplazados de sus tareas habituales y finalmente despedidos sin aviso previo ni justificación.
Está claro que estas actitudes son contrarias a los derechos y garantías de los trabajadores ya que vuelve a verificarse, como en las anteriores gestiones del Frente gobernante, una cultura del sometimiento del agente estatal a la arbitrariedad de la autoridad política sin respeto de la estabilidad prevista en el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
Subordinados a una autoridad política que, en muchas provincias argentinas, carece de alternancia desde 1983, los trabajadores injustamente despedidos se vieron discriminados y perseguidos por haber expresado algún grado de afinidad al Gobierno Nacional que finalizó el 10 de diciembre de 2019.
El cuadro se ve agravado aún más porque las medidas tomadas son contrarias al Decreto N°36/2019 que estaba dirigido a contrataciones que no hubieran cumplido con los requisitos establecidos para las designaciones de los altos cargos estatales. La mayoría de los despidos relevados corresponden a trabajadores de organismos estatales, tanto bajo modalidad de contratación transitoria o permanente, que no estaban incluidos en funciones de alta gerencia y cumplían todos los requisitos exigidos para mantener su empleabilidad.
La fragilidad de la situación económica provocada por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que ha provocado la pérdida de más de 4 millones de empleos, se agrava con estos despidos que incumplen lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del DNU 329/20 estableciendo la prohibición de despidos sin justa causa a partir del 31 de marzo de 2020, y prorrogado en tres oportunidades hasta la actualidad. Esta norma no discrimina entre ámbitos públicos y privados, por lo que la prohibición de los despidos sin justa causa debe entenderse aplicable a toda relación de empleo y vigente hasta hoy.
Por lo expuesto Juntos por el Cambio exige el cumplimiento de la normativa vigente en materia de empleo público, el cese de las conductas persecutorias y la reincorporación de todos los agentes despedidos sin justificación legal.
Rosario
Los concejales del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandro Rosselló, Daniela León, Anita Martínez, Charly Cardozo y Germana Figueroa Casas expresaron preocupación por los despidos masivos que se produjeron en las últimas semanas de empleados de PAMI por no responder a la línea política del presidente Alberto Fernández.
“El sistema está absolutamente colapsado por la pandemia y más aún en la atención de los adultos mayores, y en este contexto es totalmente arbitrario que se despida personal en donde el Estado hoy más lo necesita”, afirmaron desde Juntos por el Cambio
En ese sentido, desde el interbloque aseguraron que “hay un decreto dictado por el Ejecutivo Nacional que prohíbe los despidos y, en este caso, no solo que se están realizando de igual manera, sino que las personas que están perdiendo su empleo son aquellas que no están en la línea política del kirchnerismo”, señalaron desde Juntos por el Cambio
“No nos llama la atención que esto esté sucediendo en un organismo al mando de La Cámpora. Es a lo que nos tuvo acostumbrados el kirchnerismo cuando gobernaron durante 12 años: sacar del medio al que piensa diferente”, continuaron.
Para finalizar, los concejales solicitaron la restitución inmediata de los puestos de trabajo y agregaron: “la crisis a causa de la pandemia ya ha perdido miles de puestos de trabajo en todo el país y los trabajadores de PAMI no merecen perder su empleo por no responder a una agrupación política afín al gobierno nacional”.
Tucumán
El ex titular del PAMI Tucumán Isaías Ledesma repudió los despidos en el PAMI Tucumán de Joel Silva y Martín Lobo Colombres, que estaban designados en planta permanente en las delegaciones de Bella Vista y Trancas de la obra social de los jubilados.
“Es contradictorio que mientras el Gobierno nacional prohíbe los despidos al sector privado, el PAMI, con La Cámpora a la cabeza, despida a personas sólo por pertenecer a otro partido político. Es una medida totalmente discriminatoria”, sostuvo Ledesma, quien fue director Ejecutivo de PAMI en la gestión de Cambiemos.
“Tanto Silva como Lobo Colombres fueron designados para cubrir vacantes en las filiales del interior, no se despidió a nadie que venía de la gestión anterior por pertenecer a otro partido político”, agregó Ledesma.
“Cuando se hicieron cargo de sus delegaciones, ni siquiera tenían computadoras para trabajar. Ellos llevaban una propia para poder cumplir sus obligaciones. Sin dudas, honraron el puesto de trabajo que tuvieron”, dijo Ledesma.
“Esta es la tercera ola de despidos en PAMI en todo el país. El gobierno de Alberto Fernández a través de sus funcionarios que no funcionan dejan sin el sustento a cientos de familias en todo el país en medio de una pandemia”, argumentó Ledesma.
“Este fue un año muy complicado para todos. A poco más de un mes para las fiestas de fin de año, el kirchnerismo no le tembló el pulso en dejar sin trabajo a cientos de trabajadores del Estado. Espero que los gremios tomen las medidas correspondientes para resguardar los derechos de los trabajadores. Esto es claramente una maniobra política para que el vicegobernador Osvaldo Jaldo ponga a alguien de su confianza en la oficina de Trancas y para hacerle contrapeso a Sebastián Salazar en Bella Vista”, sostuvo.
“Con estos despidos lo único que va a lograr el Estado Nacional es gastar una fortuna de plata porque ya hay ex empleados que hicieron juicio y fueron reincorporados. Silva y Lobo Colombres no tenían ningún cargo político, sino que eran empleados planta permanente de la obra social. Se ve que, aún en medio de la crisis, el gobierno de Alberto Fernández no le importa dilapidar los recursos de los argentinos”, concluyó Ledesma.