La Justicia tiene en «sus manos» chat que revelan que el tesorero de la AFA le habría ordenado a Juan Pablo Beacon, pagarle unos U$S 2.000 a Jorge Nelson “Chino” Sosa.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En las últimas horas tomó estado público el avance de una investigación judicial, a cargo del juez Luis Antonio Armella y la fiscal Cecilia Incardona, que expone presuntos sobornos en el fútbol argentino, luego de analizar chats de WhatsApp del 12 de diciembre de 2020.
En base a mensajes de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), habría ordenado a Juan Pablo Beacon, el pago de “300.000, unos U$S 2.000” al árbitro Jorge Nelson “Chino” Sosa.
El pago se habría efectuado horas después de un polémico partido donde Sosa expulsó a dos jugadores del club Belgrano de Córdoba, beneficiando a Barracas Central (equipo de Claudio “Chiqui” Tapia) con un gol en el minuto 95. Tras la entrega del dinero, Beacon confirmó: “Deje el total en lo del chino” y agregó que el referí “quedó satisfecho”.
Las sospechas alcanzan al director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, y otros jueces como el tucumano Luis Orlando Lobo Medina y el mendocino Fernando David Espinoza. La Justicia investiga no solo el arreglo de partidos, sino también presunto lavado de dinero vinculado a ex-sponsors de la AFA y el patrimonio de Toviggino, a quien se le atribuye una mansión de U$S 17 millones.
Fuentes cercanas a la AFA indican que los «pagos adicionales» a los árbitros. funcionan como un “premio y un extra”, ya que si perjudican a los equipos vinculados a la dirigencia “los dejan parados y no cobran ni el sueldo”.
Luego del encuentro de 2020, el entonces técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi denunció: “Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino”. Por su parte, el delantero Pablo Vegetti publicó un descargo afirmando que “sabíamos que lo que nos pasó iba a pasar”, cerrando con la frase: “Diego, la pelota hoy se manchó”.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investiga a 6 (seis) árbitros por incompatibilidades patrimoniales, mientras crecen los testimonios sobre órdenes de “distorsionar el reglamento” para favorecer a clubes específicos.