Entre tantas frases que se le atribuyen a Perón se encuentra la siguiente: “la violencia de arriba genera la violencia de abajo”. En realidad, pertenece al análisis sociológico sobre las revoluciones a lo largo de la historia. Lo podríamos definir como la reacción del sometido ante el tirano.
Del mismo modo, se da por sentado que María Antonieta dijo “Si el pueblo no tiene pan, que coma pasteles”. Esa violencia de arriba fue recogida y el pueblo le cortó la cabeza (violencia de abajo).
A mediados del mes de marzo, el gobierno nacional y junto al mismo, todos los provinciales, decretaron el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Un acto de violencia de arriba, sin importar si las causas que lo motivaron eran o no legítimas.
De un día para el otro, se violentó la Constitución Nacional. Concretamente el artículo 14, que dice: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Si éste fuera un múltiple choice, podríamos pedir a los lectores que tilden cuáles de estas garantías les han sido suspendidas en estos más de cuatro meses. Salvo la censura previa, todas.
Hemos escuchado al Presidente de la República decir, en varias oportunidades, que su gobierno prioriza la salud al problema económico. La inmensa mayoría de la población, en su momento, adhirió a ese criterio. El punto es que preservar la salud no se limita a impedir el contagio del Covid 19. Es un concepto mucho más amplio que, incluso involucra y contiene a la seguridad.
Una de las primeras medidas que tomaron los gobiernos (no todos), fue la liberación de miles de presos, bajo la excusa de no contar con lugar suficiente para alojarlos. Ante las criticas de la sociedad, se aclaró que los liberados iban a ser monitoriados con pulseras electrónicas. En provincia de Buenos Aires, de los casi tres mil liberados, sólo doscientos eran o son controlados.
El señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció que a efectos de impedir la transmisión comunitaria del virus, se iba a alojar a miles de voluntarios en Tecnópolis. Como compensación, cada uno de los alojados recibiría $ 500 diarios. Pregunta, ¿por qué no se hizo esto con los presos?
Sigamos con la violencia de arriba. El aislamiento social ha generado situaciones que cualquier habitante de a pie podía prever. Por ejemplo, la violencia intradoméstica. Ésta creció y era esperable. Abusadores encerrados junto a sus víctimas, víctimas que no pueden hacer denuncias porque siguen conviviendo con los agresores. ¿Quién permitió esta violencia?. Si se encierra un zorro con una gallina, nos figuramos el resultado. Homicidio culposo por negligencia, se llama en derecho penal.
Como en tiempos que todos recordamos y deseamos que nunca hubiesen sucedido, se le brindó a las fuerzas de seguridad el poder de reprimir y, cuando esta instrucción no es clara, se comenten excesos. En este período han muerto violentamente y desaparecido, a manos de distintas policías, decenas de habitantes. Citamos algunos casos.
El 5 de abril pasado, en la provincia de San Luis, apareció ahorcada en una celda de la localidad de Santa Rosa de Conlara, Forencia Magalí Morales. Las autoridades dijeron que había violado la cuarentena obligatoria, que no tenía documentos, que desobedeció al personal policial. Poco después, también en San Luis, en una celda de la localidad de Villa Mercedes, apareció muerto Franco Maranguello,. Franco tenía 16 años y su delito también fue violar la cuarentena. Caso ultra conocido es el de Luis Espinoza; en Tucumán la policía local, según los testigos, lo golpeó y disparó. Las pericias indicaron que la bala que lo mató salió de una de las armas de los policías detenidos por el crimen. Su cuerpo fue arrojado en la provincia de Catamarca. Hace más de tres meses que desapareció Facundo Astudillo Castro, joven de veintidós años cuyo delito fue ir a visitar a su ex novia.
Esta violencia de arriba fue legitimada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020. Algunos sostienen que son más de sesenta los muertos o desaparecidos.
Vemos cómo se pelean en público la ministra de Seguridad de la Nación con su par de la provincia de Buenos Aires. La primera representa al funcionario garantista o mejor dicho abolicionista, del estilo del ex ministro de la Corte Zaffaroni, que dijo “siempre voy a buscar la vuelta para hacer zafar a un preso.” El otro, simula ser un duro. Sale a la calle portando una ametralladora de mentira, como si fuera Rambo. Visita a víctimas, dice que está a su lado. Toda una postura que, tiene más que ver con su posicionamiento en la carrera política que con la seguridad de la gente.
La responsable del INADI,Victoria Donda, está preocupada por cambiarle el nombre al sistema penitenciario. Quiere que se llame “Sistema de Cuidado y Resguardo de las Personas y sus Derechos en cumplimiento de la pena.” Si no estuviésemos atravesando una situación tan grave, daría para reír a carcajadas. Nos recuerda a los militares que durante la dictadura, a fin de preservar la moral de la población, ordenaron que se les cambiara el nombre a los hoteles alojamiento, que pasaron a llamarse albergues transitorios.
Esta violencia de arriba ya tiene su respuesta. La peor. La Justicia por mano propia. En dos días hemos visto a dos jubilados matando a ladrones que habían intentando robarles. En un caso, cinco delincuentes ingresaron a su domicilio (uno de ellos liberado para evitar que se contagiara del COVID 19). En el otro, entraron al local comercial de la víctima del asalto. Se escribirán ríos de tinta sobre si se excedieron en la legítima defensa. Incluso escuchamos a la pareja de uno de los ladrones abatidos diciéndole a su hijo “este señor mató a tu papá y nos dejó sin trabajo”. Cuando la presidente de una fuerza opositora, ex ministra de Seguridad, ensayó una defensa a favor de los jubilados, un legislador del oficialismo la descalificó tratándola de borracha. Eso es violencia de género, además de cobardía.
Ciento treinta días de aislamiento están destruyendo el equilibrio emocional de millones de habitantes. La pregunta es, ¿para que sirvió este aislamiento?
Cuando había veinte casos diarios, las medidas de confinamiento eran extremas. Ahora que hay seis mil casos por día, se relajan. Esto no responde a un plan sanitario, es consecuencia de haber agotado la paciencia de la población.
¿Qué medida tomará el gobierno nacional si la curva de contagio sigue creciendo exponencialmente? Si intenta regresar a una fase anterior, conocerá en carne propia lo que es la violencia de abajo.
Anteriormente, señalamos que la única de las garantías constitucionales no afectadas durante estos meses, es la libertad de prensa sin censura previa. Lo que no quiere decir que la intimidación, la amenaza y persecución no se encuentren a la orden del día. La periodista Viviana Canosa es una de las víctimas, llegó a decir que estuvo a punto de abandonar su profesión cuando el mismo señor Presidente la intimidó, tené cuidado con lo que decís, se te puede volver en contra. La lista es larga, Viale, Alfredo Leuco, Diego Leuco, Feimann, Lanata, Majúl. Legisladores oficialistas pidiendo que se regule la libertad de expresión, la ministra de Seguridad encabezando el ciberespionaje.
Tenemos un gobierno de tinte netamente populista. Uno de los sostenes de este movimiento es Ernesto Laclau. El sostiene que el gobernante, no importa su ideología, tiene que apoderarse del término pueblo y al mismo tiempo, debe crear un enemigo imaginario. Quienes se enfrentan al gobierno, quienes cuestionan sus medidas, son el enemigo, no del gobierno sino del pueblo. El enemigo es la oligarquía. Al enemigo hay que quemarle los silobolsas (sin pensar que el 35% de lo que se almacena en ellos le pertenece al Estado), si a un laburante se lo asalta violentamente, es que la sociedad no contuvo debidamente al delincuente. El gobernante populista tiene cintura para adaptarse rápidamente a las demandas del pueblo. Si toma la decisión de expropiar una empresa, y el pueblo le da la espalda, da marcha atrás. No es que el gobernante sea un indeciso, se moldea a los reclamos.
Esta situación no se repite en los países del Cono Sur. El mejor ejemplo es Uruguay. Su Presidente, Luis Lacalle Pou dijo ““Yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse en un Estado policíaco. No se puede meter preso al que trata de ganarse el peso”, consideró. Ese es el punto, el populismo necesita un Estado policíaco, y desde allí al totalitarismo hay un paso.
*Sergio Capozzi: Abogado, docente universitario, posee una maestría en Historia Política Contemporánea, consejero del Comité Olímpico Argentino, Árbitro Institucional.
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