El juez Julián Ercolini ordenó acceder a la información patrimonial de María Soledad Calle. Dispuso medidas sobre sus bienes, sus ingresos y sus vínculos con la UOM y USEM SA.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Avanza la investigación sobre María Soledad Calle, la sindicalista que compró el departamento ubicado debajo de la propiedad donde cumple su prisión domiciliaria, la condenada ex-presidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en las últimas horas sumó un nuevo capítulo.
El juez federal Julián Ercolini levantó el secreto fiscal y bancario de la dirigente y ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir sus ingresos, patrimonio y movimientos económicos.
La decisión también alcanza a información relacionada con el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán, la propia organización sindical y USEM SA, una empresa vinculada a Calle que mantiene un contrato de servicios con el gremio.
Para avanzar en la pesquisa, Ercolini pidió informes a distintos organismos, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), ARCA, ANSES, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano.
Qué busca determinar la Justicia
Uno de los objetivos centrales es conocer cómo evolucionó el patrimonio de Calle durante los últimos años y si sus ingresos declarados resultan compatibles con los bienes y operaciones que aparecen en el expediente.
Por eso, el juez solicitó a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Calle y Furlán correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025.
El período elegido coincide con la creación y el funcionamiento de USEM SA, una compañía que comenzó a trabajar para la UOM bajo un contrato que contempla el pago de una comisión mensual del 0,5% de los fondos ingresados a una cuenta fiduciaria.
También se requirió a ANSES la totalidad de la información laboral registrada sobre los investigados, incluyendo empleadores, fechas de alta y baja y remuneraciones.
A Migraciones, en tanto, se le pidió información sobre los movimientos de entrada y salida del país de Calle, Furlán y otras personas vinculadas con la investigación.
La UIF deberá aportar, si existen, los reportes de operaciones sospechosas relacionados con los involucrados y las empresas bajo análisis.
El departamento de San José 1111 también quedó bajo análisis
La propiedad que Calle adquirió en la calle San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es uno de los bienes que forman parte de la investigación.
Ercolini solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble un informe completo sobre la unidad funcional del primer piso, incluida la información relacionada con su titularidad y antecedentes registrales.
El departamento ganó notoriedad porque está ubicado justo debajo de la vivienda de la presidente del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández.
La Justicia también pidió información sobre vehículos que serían de Calle, entre ellos un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive, además de consultar si Calle y Furlán tienen o tuvieron embarcaciones.
Los millones que aparecen en las rendiciones
La causa también incorporó documentación con rendiciones de cuentas de USEM: En esos registros aparecen gastos por distintos conceptos y desembolsos millonarios. Entre ellos figuran hasta $50 millones en “caja chica”, unos $22 millones correspondientes a un “Congreso MDP”, alrededor de $4 millones vinculados con una tarjeta corporativa y más de $428.000 en TelePASE, además de pagos a proveedores.
La documentación fue aportada a la investigación y ahora forma parte del análisis que lleva adelante Ercolini.
Según los contratos incorporados al expediente, USEM debía rendir cuentas ante la UOM y no podía disponer libremente de los fondos sin autorización del sindicato.
Por eso, uno de los puntos que deberá establecer la investigación es cómo se tomaban las decisiones sobre esos recursos y qué responsabilidades tenía cada uno de los actores involucrados.