COMODORO RIVADAVIA – En un operativo denominado «Sueños pagos» se investiga la asociación ilícita para vender adjudicaciones de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda por una suma que rondaría los 30 millones de pesos.
La mujer involucrada no es parte del organismo, resta descartar su relación con integrantes del mismo, en una operatoria que implicaba la venta de adjudicaciones de planes de viviendas, por las que cobraba desde 150 a 300 mil pesos y que incluía comisiones en dólares y en automóviles.
Según indicaron fuentes policiales, la mujer prometía, mediante un pago previo, cumplir el sueño de la casa propia. “La operatoria es 99% legal y un 1% ilegal”, decía Griselda Jonás, hoy presa en Comodoro Rivadavia.
El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Carlos Simionati, y la gerente general del organismo, Ivana Papaianni, informaron que se ha puesto a disposición de la Justicia para colaborar en la labor investigativa.
Se realizaron diversos allanamientos en la ciudad petrolera y en la sede central del Instituto en la ciudad de Rawson.
Si bien los medios y funcionarios indican que la denuncia es por fuera del IPV, genera suspicacias contar con información propia del organismo sobre las posibles adjudicaciones.
El fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrióz repasó que “la figura jurídica principal que se utilizó para solicitar los allanamientos, las intervenciones telefónicas y las detenciones es la de asociación ilícita, porque la persona que está detenida sería una suerte de representante de un funcionario público de la ciudad petrolera y ella a su vez trabajaba con un grupo de gestores que mediante una comisión le acercaban los contactos para realizar este negocio”.
«Hubo una sola denuncia, pero serían al menos 200 casos de fraude a la administración pública», indicó Iturrioz sobre el accionar de la asociación ilícita.
El jefe de la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, Andrés García indicó: “En estas diligencias que estamos haciendo hemos secuestrado una importante cantidad de material, de carpetas ya iniciadas y vendidas, y una suma de dinero que aún no ha sido terminada de contar pero se aproxima a los 4 millones de pesos. Esto arrojó la detención de una mujer que ofrecía las adjudicaciones y a la espera de la audiencia de control de detención”.
Ante un nuevo caso que salpica la administración de Mariano Arcioni a cargo del ejecutivo provincial el funcionario que cubre sus espaldas el Ministro de Seguridad Federico Massoni, quien resaltó que “hay algo que debemos entender todos los funcionarios públicos, y es que se debe terminar cualquier hecho de corrupción cuando uno tiene un cargo todas son obligaciones, acabar la conciencia colectiva de pensar en hacerse millonario a través del Estado y eso lo vamos a terminar”.
Cuesta creer las declaraciones, en una provincia donde abundan hechos de corrupción que involucran directamente a funcionarios públicos, sus oficinas u organismos y que en cada nuevo allanamiento desnudan una lógica de poder que abandona a los ciudadanos que representan.
