El Procurador General determinará si eleva el pedido de prisión a 12 años.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Este miércoles la Corte Suprema de justicia de la Nación (CSJN) decidió trasladar el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal. Lo hizo con la firma de dos de sus tres jueces, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El dictamen del Procurador no es vinculante, es decir, que la CSJN puede sostener otro criterio, significa el primer paso del tribunal en este expediente. Esta causa se podría confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados, por irregularidades en el manejo de obras públicas.
Casal, como jefe de los fiscales y fiscal ante la CSJN, deberá decidir si apoya el recurso de Villar, que reclamó que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y no solo por fraude. Se estima que ese pedido será respaldado por el Procurador, con lo cual la Corte Suprema estaría en condiciones de seguir avanzando en esta causa.
Si la CSJN decide rechazar el recurso de queja, la condena quedará firme. En ese escenario la ex-presidente, quien tiene más de 70 años, podría solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, una opción contemplada por la legislación. Sin embargo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se activaría de inmediato.
La resolución de este caso impacta de manera directa en el calendario electoral, ya que la posibilidad de que Kirchner se postule como candidata a diputada provincial o nacional dependerá de los tiempos judiciales.
El 31 de marzo pasado, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Villar, le pidió a la Corte ampliar la condena contra la presidente del Partido Justicialista (PJ) a 12 años de prisión, porque entendió que también estaba probado que existió una asociación ilícita, además de administración fraudulenta.
En su escrito de 10 páginas, Vilar mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí, Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex-presidente sea condenada a 12 años de prisión por ambos delitos, asociación ilícita y administración fraudulenta.