Desde hace tiempo se suceden denuncias cruzadas de diverso tipo en el instituto científico fundado en la década de 1990 y -actualmente- quienes fueron sancionados dirigen la institución -al parecer- al amparo de autoridades provinciales y por razones meramente políticas. El rol el gremio ATE y la denuncia de Sandra Pitta.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Si alguna zona de la vida el imaginario colectivo supone sujeta a rigurosa racionalidad y libre de influencia ideológica o religiosa, es un centro de educación o investigación. Aunque las últimas décadas han sido una muestra de que no hay «condiciones normales de presión y temperatura» que valgan en el Estado, sea cual fuere la institución. Así como no es raro encontrarse con un altar levantado al ingreso de una escuela pública -teóricamente laicas-, tampoco es extraño que sus directivos no hayan llegado cumpliendo la imaginada meritocracia (concursos públicos y abiertos o selección de títulos y antecedentes), sino por favores políticos o gremiales.
El tan mentado y afamado Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), fue fundado en 1958 (presidencia de facto de Pedro E. Aramburu) bajo la guía del premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay, y es heredero de aquel otro CONITYC creado en 1951 por el gobierno de Juan D. Perón, y destruido tras el golpe de Estado de 1955 llamado «Revolución Libertadora». Ha tenido casi 7 décadas de una pátina rigurosa y transparente, pero lo cierto es que, como lo demuestra su origen, no hay nada de aséptico en su concepción y desarrollo. La ciencia, como cualquier otra actividad humana, está teñida de creencias y suposiciones alejadas de sus propios métodos y objetos.
El sistema de investigación y desarrollo incluye varias categorías: becarios (doctorales y posdoctorales), investigadores (asistentes, adjuntos, independientes, principales y superiores), personal de apoyo y administrativo. Las autoridades se eligen por concurso, y en diversos ámbitos existen formaciones y capacitaciones específicas para la gestión y administración de la ciencia y la tecnología. El CONICET cuenta con 8 Centros de Investigación y Transferencia, 16 Centros Científicos Tecnológicos, un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 unidades ejecutoras.
Dentro de esa maraña institucional nace en 1997 en Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológicas (CRILAR), inaugurado en 1998 con la dirección del geólogo Dr. Mario Hünicken en el mítico pueblo de Anillaco, cuna del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Esta institución es responsabilidad conjunta del Gobierno de la Provincia de La Rioja, las Universidades Nacionales de La Rioja (UNLaR) y Catamarca (UNCa) y el Servicio Geológico Minero (SeGeMAr), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación). Gobernaba la provincia el geólogo Ángel Eduardo Mazza (ex secretario de Minería de la Nación) y el rector de UNLaR (nacionalizada en 1993) era el abogado Enrique Tello Roldán. ¿Van sumando? Causalidades.
Lo cierto es que una serie de irregularidades terminaron con un cambio de conducción «bastante irregular», pese al concurso. Y la política metió la cola. Al parecer todo comenzó durante la gestión del el biólogo y paleontólogo Francisco Prevosti como director y su vicedirector -y colega- Juan García Massini, con comportamientos polémicos y reiterados de un grupo de científicos que habían ascendido de becarios a investigadores ante varios vacíos de organización. Se suscitaron varios conflictos por reiteradas violaciones a la normativa legal y de convivencia vigente, como difamación publica, persecución, hostigamiento y obstrucción de las funciones laborales a colegas con el equipamiento y demás recursos que se negaban a otras áreas y equipos. De esta manera se buscaba ejercer una especie de «derecho de piso, y derivó en una situación de maltrato generalizada, restrictiva del normal desempeño de las funciones de los integrantes del CRILAR y sus autoridades.
Entre otras irregularidades se presentaron casos de por violencia laboral y de género contra una becaria (cargo luego desestimado) que tomaron mucha trascendencia en los medios a raíz de la difusión de los gremios como ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Luego, cuando la acusación se revirtió y cayó sobre el grupo que había incitado la denuncia de acoso, y las acusaciones fueron más concretas: uso personal de equipamiento institucional, ocupación indebida de departamentos de uso temporal, licencias y vacaciones informales, uso de espacios institucionales para fines personales, posición antagónica, falta de cumplimiento de normas básicas de trabajo y convivencia, falta de acompañamiento a las propuestas de desarrollo institucional emanadas desde la dirección y ausencia de respuestas formales a pedidos de la Dirección, resistencias a las decisiones ordenadas desde la sede central del CONICET, implementadas por la Dirección del CRILAR, estímulo a becarios y miembros para desestabilización del Instituto, y otras de diversa gravedad. La intención era -al parecer- desestabilizar y promover la renuncia de sus directivos y disciplinar al resto. Muchos investigadores fueron acosados al punto que abandonaron la institución.
Aquí es necesario hacer notar que los movimientos coincidían con los cambios políticos institucionales: Prevosti y García Massini eran identificados como contrarios al kirchnerismo, y sus antagonistas se identificaban con el kirchnerismo camporista. Los investigadores que se oponían a la conducción de Prevosti y terminaron sancionados fueron:
- Pablo Alasino, geólogo y doctor en Ciencias Geológicas.
- Adriana Aranda Rickert, licenciada y doctora en Ciencias Biológicas
- Sebastian Fracchia, licenciado en Ciencias Biológicas
- Mariano Larrovere, geólogo y doctor en Ciencias Geológicas
- Lucas Fiorelli, biólogo y doctor en Ciencias Geológicas
- Veronica Valentinuzzi, ingeniera zootecnista, magíster en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias
El expediente con las actuaciones, sanciones y el resto del proceso, originalmente disponible en las actas de acceso público del Directorio del CONICET, pasó con el tiempo a dejar de estar accesible y, por lo tanto, de carácter reservado y no se puede consultar en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Así, luego de un concurso abierto por apenas un mes a fines de 2022, derivado de un proceso de elección de director poco claro y manejado mayormente puertas adentro del CONICET, y -a pesar de las muchas objeciones planteadas a las autoridades correspondientes- permitió que quien fuera el principal instigador del «complot» llevado a cabo en contra del CRILAR, Alasino sea director. Anteriormente, fueron nombrados Fiorelli y Lavorrevere miembros del Consejo Directivo, pese a las sanciones recibidas.
Según fuentes internas «Este caso es paradigmático, ya que muestra la generación de una situación de impunidad, avalada por la anterior administración del CONICET, al haber transformado una condición de culpabilidad debida al incumplimiento de la normativa legal propia de la misma institución, devenida de la violación de las normas legales y de convivencia cotidiana en un instituto científico por parte de un grupo de investigadores de la CIC (Comisión de Investigaciones Científicas), en una de coronación de los mismos principales inculpados».
La cuestión ahora es ¿qué va a hacer el CONICET? Si no fuera por las reiteradas denuncias en redes sociales de la farmacología y doctora en biotecnología Sandra Pitta Álvarez, investigadora independiente, del caso no quedarían ni rastros.
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