El organismo de control demostró su inificiencia por permitir el pago de subsidios a entes vinculados a la vicepresidenta del Ente de Turismo.
TUCUMAN.- La política tucumana se basa mucho en mensajes. Algunas veces más directos que otros. Y el pedido de informes del Tribunal de Cuentas hacia tres reparticiones públicas puede ser tomado como un mensaje, o ¿Cómo una amenaza? El organismo de control quiere saber si hubo irregularidades en la entrega de subsidios por parte del Ente de Turismo hacia cámaras del sector.
El diputado nacional Carlos Cisneros anticipó hace un par de semanas que pedirá un nuevo pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas. La comisión de Juicio Político de la Legislatura ya rechazó -en un trámite express- un planteo similar presentado por el abogado Marcos Rougés.
Una de las hipótesis que circularon con fuerza luego de la desestimación presentada por Rougés fue que la corporación política le debía muchos favores a Terraf y por eso no le iban a soltar la mano.
¿Este pedido de informes firmado por Terraf apunta a negociar su impunidad ante el nuevo pedido de juicio político que se avecina?
Sin embargo, hay otras posibles lecturas de la situación. Este pedido de informes podría interpretarse como un hecho de corrupción del gobierno de Osvaldo Jaldo. ¿Será el primero? Algo intolerable para quien quiere diferenciarse de sus antecesores.
Pero hay otra situación más grave aún. El Tribunal de Cuentas tiene la obligación de realizar tres controles sobre el uso de los recursos públicos. ¿No advirtió en el control preventivo a quién iban destinados los subsidios? Si hubo un tercero que alertó sobre la incompatibilidad entre la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo con cámaras del sector, es porque claramente el Tribunal de Cuentas no cumplió su rol. ¿Cuántos subsidios más se vienen entregando con el Tribunal de Cuentas mirando para otro lado?