El comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado, es el fundamento. Se desplaza el caso del plano periodístico al institucional.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Durante la jornada del Viernes Santo el abogado Jorge Monastersky, solicitó a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras de injerencia informativa en Argentina, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el público y el funcionamiento institucional.
La denuncia presentada por mail en la Justicia Federal, y reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
El impulso a la causa se fundamenta en un comunicado oficial emitido el 2 de abril de 2026, por la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.
El comunicado citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización denominada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.
Para la presentación, el letrado recopiló información e investigaciones publicadas por openDemocracy y otros medios.
Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones.
La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios, incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.