Cinco dirigentes del gremio, incluido Omar Pérez, cercano a Hugo Moyano, enfrentarán a un tribunal por el bloqueo a una pyme en 2020.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), anunció que los días 5 y 12 de junio de 2025 se llevará a cabo el juicio oral contra Omar Pérez y otros cuatro miembros del Sindicato de Camioneros, acusados de extorsión en grado de tentativa.
El caso está vinculado al bloqueo que sufrió la pyme Andar Transportadora en 2020, en el barrio porteño de Villa Soldati.
La causa reviste gran relevancia debido a las implicancias legales y sociales que podrían derivarse del fallo, especialmente considerando los antecedentes de otros bloqueos sindicales en el país.
Entre los acusados también figuran Omar Dutrá, Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz, quienes presuntamente participaron en las maniobras para exigir el pago de una deuda que, según la Justicia, no tenía sustento legal.
Un referente de los Moyano
Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte de Camioneros y pieza clave en la estructura liderada por Hugo Moyano, es una figura de peso dentro del gremio. Su nombre incluso sonó como posible integrante del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), luego de la salida de Pablo Moyano.
En el juicio, se abordará el presunto uso de la fuerza gremial para fines extorsivos, un tema que ha sido motivo de denuncias reiteradas en diferentes sectores empresariales.
La abogada de la empresa, Florencia Arietto, solicitará al tribunal que las audiencias sean televisadas: “Es fundamental que los ciudadanos conozcan las prácticas mafiosas que enfrentan las pymes”, también adelantó que, tras este proceso, buscará que Hugo Moyano sea investigado como autor mediato de estos delitos, argumentando que existe una estructura jerárquica dentro del gremio donde él tendría un rol protagónico.
El incidente que motivó la denuncia ocurrió en 2020, cuando un grupo de 15 representantes de Camioneros bloqueó el acceso al depósito de Andar Transportadora. La acusación sostiene que se trató de una coacción para obligar al dueño de la empresa, Alejandro Castell, a pagar una supuesta deuda inexistente. En 2022, el juez Fernando Caunedo elevó la causa a juicio, agravando la imputación a extorsión en grado de tentativa, un delito que prevé penas de 5 a 10 años de prisión.
El fiscal Ignacio Mahiques, encargado de la investigación, determinó que los acusados actuaron como coautores de un plan orientado a obtener un beneficio económico ilegítimo en perjuicio de la empresa. Según Mahiques, “la exigencia de dinero estuvo acompañada de una amenaza concreta: paralizar las actividades del transporte”.