SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La siesta tucumana se puso mas oscura y fría, cuando se hizo público el decreto firmado por el gobernador Juan Manzur y la Ministra de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse que beneficiaba al Juez Juan Francisco Pisa.
La decisión del mandatario se conoció por el decreto 369/14 y tiene impacto directo en el trámite de remoción iniciado en contra de Pisa en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
La comisión está integrada por 13 miembros (11 oficialistas y dos opositores), tenía previsto reunirse esta tarde a las 18, y debía resolver si hacía suyas las acusaciones por presunto mal desempeño, en contra del juez penal por su actuación ante las denuncias formuladas por la docente salteña Paola Tacacho, en contra de un alumno que la acosaba, Mauricio Parada Parejas, quien terminó matándola a puñaladas el 30 de octubre de 2020.
El gobernador Juan Manzur, volvió a demostrar que no existe división de poderes en la provincia y que el poder político es capaz de condenar o salvar a un juez según los intereses del oficialismo.
La ciudadanía a través de firmas recolectadas oportunamente pedía el juicio político y la expulsión del Poder Judicial de Juan F. Pisa. Pero el titular del Poder Ejecutivo aceptó la dimisión condicionada del juez penal, en el marco de los pasos de rigor para su retiro con el 82% móvil. Ante ello, súbitamente se desestiman las denuncias tramitadas por Juicio Político.
Hace siete días en la Legislatura tucumana, un Jurado de Enjuiciamiento destituyo al Juez Enrique Pedicone. El año pasado, el magistrado había realizado una grave denuncia contra el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva.