Se trata de un plan orientado a asistir económicamente a empresas que presenten proyectos para la reestructuración de sus pasivos que les permita lograr viabilidad económica y financiera y cumplan con determinados requisitos.
La asistencia consistirá en Aportes No Reembolsables (ANR), que se deberán destinar al pago del 50% de la masa salarial bruta que permita el funcionamiento de la empresa durante dicho proceso.
En algunos casos, esos fondos podrán aumentar hasta cubrir el 75% de los sueldos del personal, en el marco de una asistencia que será mensual con una duración máxima de cuatro meses, con la posibilidad de ser prorrogada por otros dos meses.
En ese contexto, las autoridades de IMPSA presentaron un pedido al ministerio que dirige Matías Kulfas para que se les asignen fondos que permitan pagar la mitad de sus salarios mientras negocia con los acreedores un nuevo plan de reperfilamiento de su deuda.
La compañía mendocina busca recomponer su estructura de capital y para eso presentó una propuesta que combina un canje de deuda existente por nuevas Obligaciones Negociables (ON) con oferta pública y privadas con un bono internacional y nuevos préstamos.
La oferta fue oficializada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), y comprende también no realizar quitas de capital y cumplir los compromisos en tres etapas.
Lo que se ofrece mediante el canje es, en definitiva, un reperfilamiento de los vencimientos de la deuda, a valor par y en dólares, sin quitas de capital.
La propuesta se enmarca en el procedimiento legal conocido como Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), y en esos períodos la compañía podrá «contar con el capital de trabajo necesario para volver a crecer y con una deuda sustentable que mejorará sensiblemente su balance, permitiéndole volver a conquistar los mercados local y extranjero, como hizo a lo largo de su historia».
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