El Ministerio de Capital Humano intimó 5 veces a la organización que lidera Belliboni, pero no respondió a ninguna.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En las últimas semanas se sucedieron las acusaciones en contra de la organización Polo Obrero. En las últimas horas se supe que adeuda una rendición de cuentas por $ 81 millones, provenientes de convenios del programa Potenciar Trabajo, según un informe entregado por el Ministerio de Capital Humano al juez Federal Sebastián Casanello.
El Magistrado que también investiga una posible defraudación al Estado. La organización liderada por Eduardo Belliboni, fue intimada en 5 (cinco) ocasiones por la gestión de Sandra Pettovello, sin recibir respuesta alguna.
El Polo Obrero (PO) tiene la misión de actuar como intermediario entre el Estado y los beneficiarios del programa, asignándoles tareas y garantizándoles los recursos necesarios. Sin embargo, se ha señalado que la organización extorsionaba a los beneficiarios, cobrándoles un porcentaje de sus planes y otros montos para obtener alimentos o evitar multas por no asistir a marchas.
La organización «piquetera» no ha rendido cinco convenios que suman $ 81 millones, con uno de los convenios representando $ 48 millones y otro $24 millones. Hasta ahora el PO, no ha presentado la documentación respaldatoria requerida por Capital Humano, a pesar de las repetidas intimaciones.
La Justicia también investiga cómo se utilizó el dinero del Estado, revelando que otros $ 40 millones fueron dirigidos a seis empresas bajo sospecha. Entre estas, Coxtex, considerada una empresa apócrifa por la AFIP, y la imprenta Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, fundada por dirigentes del Polo Obrero. Rumbos recibió $25 millones desviados de los fondos estatales, y hay indicios de que la organización podría haber utilizado estos fondos para autofinanciarse y realizar campañas políticas.
También se se detectaron irregularidades en compras realizadas por el Polo Obrero, como la adquisición de siete computadoras y software por $3 millones a una empresa llamada Miniso Trade SRL, cuya primera factura emitida fue precisamente para el Polo Obrero. La Justicia también encontró que la oficina de Miniso Trade estaba vacía y no operaba desde 2020, lo que aumenta las sospechas de fraude.
La investigación continúa, y si se confirma que el Polo Obrero desvió fondos del Estado para financiar campañas políticas, podrían verse implicados dirigentes del Frente de Izquierda que participaron en las elecciones, lo que podría tener consecuencias significativas para la organización y sus líderes.