El Gobierno trabaja en un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas, que realicen actividades no autorizadas en el archipiélago.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- El Presidente Javier Milei anunció una nueva herramienta para frenar la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas: el juicio en ausencia.
La figura permitiría que una persona acusada de determinados delitos, sea sometida a un proceso penal aunque no pueda ser detenida o permanezca fuera del alcance de la Justicia.
La medida forma parte del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno de la Nación enviará al Congreso. Según anticipó el Presidente, la iniciativa buscará endurecer las consecuencias para las empresas y proveedores que participen de operaciones consideradas ilegales por la Argentina en las islas.
El anuncio se produjo en medio de la preocupación del Gobierno por el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El mandamás argentino advirtió que la extracción podría comenzar en los próximos meses y sostuvo que Argentina debe actuar para evitar la explotación de las reservas ubicadas en aguas cuya soberanía reclama.
La puesta en práctica con las empresas petroleras
El Gobierno pretende modificar la normativa que regula las actividades relacionadas con los hidrocarburos en las islas para aumentar las sanciones contra quienes participen de esas operaciones.
El proyecto anunciado por Milei contempla penas más severas, restricciones para contratar con el Estado argentino e inhabilitaciones para quienes intervengan en actividades consideradas ilegales. En ese marco aparecería el juicio en ausencia.
La herramienta tendría especial relevancia si los responsables de las operaciones se encuentran fuera del país y la Justicia argentina no consigue detenerlos. En lugar de que la causa quede paralizada indefinidamente por la imposibilidad de capturar a los acusados, el proceso podría continuar bajo determinadas condiciones.
El sistema, de todos modos, no implica que cualquier persona pueda ser juzgada automáticamente sin estar presente. La legislación establece una serie de garantías y requisitos para evitar que la ausencia sea utilizada como una forma de eliminar el derecho de defensa.
La aplicación del juicio en ausencia exige que previamente se hayan realizado intentos razonables para localizar y detener al imputado.
Además, el acusado debe tener conocimiento de la existencia del proceso. La Justicia también debe garantizarle una defensa técnica, es decir, la intervención de un abogado que represente sus intereses durante el procedimiento.
El debate oral debe quedar registrado mediante medios audiovisuales y la persona condenada conserva la posibilidad de solicitar un nuevo juicio si posteriormente aparece y se presenta ante las autoridades.
Por eso, la figura no equivale a una condena automática dictada sin ningún tipo de control judicial. Se trata de una excepción al principio general de que el acusado debe estar presente durante el juicio.