El gobierno riojano decidió el cierre de la empresa estatal de colectivos RiojaBus, la que dejará de ser una sociedad anónima unipersonal. Es la única prestataria de transporte urbano en toda la provincia. Fuertes conflictos con el personal.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
En lo que es el segundo fracaso en materia de transportes de la gestión del gobernador riojano Ricardo Quintela, esta vez debió liquidar la empresa estatal RiojaBus, dada la falta del subsidio nacional en la materia. A principios de febrero el gobernador anunció que la empresa “abandona el convenio colectivo de trabajo de UTA, negociando los salarios con los trabajadores en un acuerdo entre partes”.
“Lo hacemos para salvar toda la inversión que se hizo, los empleos de 300 familias, y la flota de 93 colectivos” dijo la secretaria de Transporte Alcira Brizuela. La caída de los subsidios a los transportes y el aumento acordado por el sindicato con la patronal fueron el golpe de gracia a la empresa, que pasará a ser un ente provincial, con salarios mas bajos, e incluso varios empleados cobrarían como monotributistas. Se habrían hecho ofertas de entre 3 millones y 1.500.000 pesos para no iniciar acciones legales por despido, según algunos empleados, y hasta «aprietes de los funcionarios».
Según la Secretaría de Transporte de la Nación, a febrero de 2023 la empresa contaba con una planta de entre 254 y 276 empleados, tenía habilitadas 68 unidades en Capital y 15 en Chilecito Volkswagen con carrocería Marcopolo Torino. En marzo de 2022 varios diputados opositores hicieron un pedido de informes a la secretaría de Transporte que nunca fue respondido. En 2021 también el Concejo Deliberante de La Rioja había solicitado otros informes, que tampoco fueron respondidos.
La empresa se denomina legalmente Sociedad Anónima Unipersonal de Transporte SAUT, registrada con el CUIT 30-71696545-3, con contrato social del 29 de julio de 2020, según se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, y sus autoridades iniciales fueron el comerciante y productor de televisión Carlos Daniel Alem (presidente), el empleado municipal Miguel Ramón Flores (vicepresidente), el empleado provincial Diego Hernán de la Vega (secretario general) y la abogada María Carolina Varas (síndica titular), y actuando como representante legal el abogado Lucas Daniel Parras. El contrato social también está firmado por el gobernador Ricardo Quintela.
En noviembre de 2020 Flores quedaría como presidente de la sociedad, y en marzo de 2023 de la Vega sería reemplazado por el rugbier, comerciante y empleado municipal Diego Martín Minué Belber (con residencia en Córdoba). Entre el personal jerárquico de la empresa está el abogado Ulises Poblete Larraín (asesor legal) y Lorena Elizabeth Villarroel (administradora tesorera).