El TOF N°4 dictó sentencia casi dos décadas después de que se conociera el primer caso de corrupción del kirchnerismo.
Hugo Roldán
El Federal Noticias

BUENOS AIRES.- El Tribunal Oral Federal N°4 (TOF N°4) condenó en la jornada de ayer al ex-ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a cinco años de prisión por la causa Skanska. La misma sentencia recibió el ex-secretario de Obras Públicas, el tucumano José López.
Los ex-funcionarios estaban imputados por el cobro de sobornos y el direccionamiento de licitaciones para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En su alegato, el Ministerio Público sostuvo que existió un esquema de corrupción mediante el cual la constructora sueca habría pagado coimas para obtener contratos vinculados a obras energéticas. Los fiscales habían solicitado condenas para De Vido y López por su presunta participación en las maniobras, además de sanciones para otros ex-funcionarios y directivos de la empresa.
Según la acusación, Skanska habría acordado el pago de sobornos para asegurarse los contratos y luego habría ocultado esas erogaciones mediante un sistema de facturación apócrifa emitida por empresas fantasma, simulando servicios inexistentes.
Uno de los principales elementos incorporados al expediente fue una grabación realizada dentro de la propia empresa, en la que un exejecutivo hacía referencia al pago de coimas vinculadas con las obras.
La acusación contra funcionarios y empresarios
Al elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que existieron acuerdos entre empresas para elevar artificialmente los costos de las obras, con la presunta intervención y consentimiento de funcionarios públicos.
Además, consideró que el mecanismo de facturas falsas permitió justificar pagos que, según la investigación, estaban destinados a encubrir el circuito de los sobornos.
Para la Justicia, esas maniobras habrían provocado un perjuicio económico millonario para el Estado, además de generar beneficios ilegales para los funcionarios y empresarios involucrados.
El fallo marcó el cierre de uno de los expedientes más emblemáticos, vinculados con hechos de corrupción durante los primeros años del kirchnerismo.

