La Justicia tucumana permitió que el agresor abandone la cárcel. Crece la polémica por el vínculo de Segura con el ministro del Interior, Darío Monteros, y el mensaje de «impunidad» que percibe la sociedad ante la violencia política.
Por Redacción El Federal Noticias
TUCUMÁN. – En un fallo que ha encendido las alarmas en el arco político y social de la provincia, la Justicia resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Marcelo “Pichón” Segura. El hombre, que se hizo tristemente célebre por propinarle un violento cabezazo al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, dejará la celda para cumplir la cautelar en la comodidad de su hogar.
La resolución llega en un momento de extrema sensibilidad y pone bajo la lupa no solo el accionar de los jueces, sino también el entramado de poder que sostiene al imputado.
El factor Darío Monteros: ¿Un hombre del riñón ministerial?
El caso de «Pichón» Segura no es el de un ciudadano común. Segura es un empleado público con fuerte ligazón con el ministro del Interior, Darío Monteros: específicamente vinculado a la estructura de la Comuna de Los Bulacio.
En los pasillos de la política tucumana, el nombre de Segura se asocia directamente con la logística territorial que responde al ministro. Para muchos, el ataque a Pelli en Lamadrid no fue un arrebato individual, sino el accionar de un «puntero» que se siente respaldado por el poder político de turno. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿Habría recibido el mismo beneficio un ciudadano sin contactos en el Ministerio del Interior?
El polémico mensaje judicial: Atacar tiene beneficios
La decisión del juez Raúl Robin Márquez de otorgar la domiciliaria, basándose en la falta de antecedentes y un supuesto bajo riesgo de fuga, ha sido recibida como una bofetada por parte de la querella. El mensaje que la Justicia tucumana envía a la sociedad es peligroso:
Violencia validada: Un ataque filmado, con alevosía y contra un representante del pueblo, no parece ser razón suficiente para la cárcel efectiva.
Sensación de impunidad: El otorgamiento de medidas «menos gravosas» para personas con vínculos estatales refuerza la idea de que existe una justicia para el ciudadano de a pie y otra para quienes integran las estructuras oficiales.
Precedente peligroso: En un clima de creciente crispación política, la libertad (aunque sea domiciliaria) de Segura podría actuar como un incentivo para futuros episodios de hostigamiento contra opositores.
El avance de la causa: Entre lesiones y «alevosía»
Mientras Segura se acomoda en su domicilio, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación. El eje del debate ahora es la calificación legal. La defensa busca que se trate como «lesiones leves», lo que prácticamente cerraría el caso con una pena mínima. Sin embargo, la querella de Pelli insiste en que se trató de lesiones graves agravadas por alevosía, dado que el diputado estaba desprevenido y en una situación de vulnerabilidad durante un operativo de asistencia por inundaciones.
¿Qué sigue ahora?
Informe Médico: Será clave para determinar si el daño en el rostro de Pelli deja secuelas permanentes.
Peritaje de los vínculos: La investigación sobre la situación laboral de Segura en las comunas del Interior podría revelar más sobre quién le daba órdenes.
Presión social: El repudio nacional de La Libertad Avanza pone a la Justicia local bajo una lupa que no permite errores «administrativos» a favor del poder.
El caso «Pichón» Segura dejó de ser un simple expediente por lesiones para convertirse en un síntoma de la salud democrática de Tucumán. Cuando el agresor de un diputado nacional vuelve a su casa a los pocos días, la justicia no solo parece ciega, sino también selectiva.