El Gobierno auditará el destino de fondos pertenecientes al ENACOM, que destinaba partidas a organizaciones vinculadas al peronismo.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- El Gobierno Nacional intervino el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), entidad encargada de regular las comunicaciones. Esta medida, según el decreto 89/24 publicado el lunes en el Boletín Oficial, busca revisar y corregir las decisiones tomadas por el ente, que han llevado a “numerosos conflictos judiciales”.
La intervención será liderada por Juan Martín Ozores, un consultor y ex-empleado de Movistar, que fue designado por Santiago Caputo.
El objetivo del ENACOM es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.
El Gobierno llevará a cabo evaluaciones sobre fondos destinados a subsidios, como es el caso del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) y el FSU (Fondo de Servicio Universal), donde se derivaron partidas a organizaciones vinculadas al peronismo.
Dirigentes de juntos por el Cambio habían denunciado que, mediante este fondo, se destinaron alrededor de $ 2.000 millones al año, a radios comunitarias asociadas a Grabois y a sectores mapuches. Mientras que, desde el FSU, se habrían asignado alrededor de $ 62 mil millones durante 2023 a cooperativas y pymes vinculadas a Sergio Massa, así como a gobernaciones peronistas como la de Salta y La Pampa.
Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra una asociación llamada Centro de Rehabilitación y Capacitación de Residentes Salteños (cercano a Milciades Peña quien milita con Juan Grabois) que habría recibido $ 49 millones por el FSU y unos $ 34 millones por medio del FOMECA. Otra fue la Asociación El Hormiguero, a la cual le habrían otorgado $ 48 millones por el Fondo de Servicio Universal y otros $ 18 millones por el FOMECA.
Si bien se trata de medios comunitarios recibiendo dinero para obtener fibra óptica o servicio de cable, las millonarias partidas serán auditadas para ver si primó un criterio político.