La indignación de algunos líderes del mundo frente a la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos en su ataque a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro resulta, como mínimo, incompleta. No porque el reclamo carezca de fundamentos jurídicos -los tiene- sino porque aparece desprovisto de memoria, contexto y, sobre todo, coherencia.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Es cierto: ningún Estado debería arrogarse el derecho de bombardear otro país ni capturar a su jefe de Estado sin mandato multilateral, debido proceso ni intervención de tribunales internacionales. Ese principio existe para proteger a los países débiles del arbitrio de los poderosos. Cuando se vulnera, el precedente es peligroso y el orden internacional se debilita. Pero detener el análisis allí es un ejercicio de hipocresía política.
Durante casi 27 años, el régimen chavista convirtió a Venezuela en un laboratorio de autoritarismo sostenido, con violaciones sistemáticas y documentadas de derechos humanos: persecución política, presos sin juicio, torturas, ejecuciones extrajudiciales, censura, destrucción del Estado de derecho y una diáspora forzada que supera los siete millones de personas. Todo esto ocurrió a la vista del mundo.
La comunidad internacional lo sabía.
Los organismos multilaterales lo informaron.
Las ONG lo denunciaron.
Y, sin embargo, el silencio predominó.
Silencio por petróleo.
Silencio por negocios.
Silencio por alianzas geopolíticas.
Silencio por romanticismo ideológico.
No fue ignorancia. Fue conveniencia.
Por eso resulta difícil tomar en serio a quienes hoy alzan la voz en defensa del derecho internacional, pero ayer relativizaban -o directamente negaban- los crímenes de un régimen que desmanteló las libertades básicas de su población. La legalidad no puede invocarse solo cuando conviene; de lo contrario, deja de ser un principio y se transforma en una herramienta selectiva.
Nada de esto convierte a Maduro en una víctima. Tampoco transforma a Estados Unidos en un justiciero global. Lo ocurrido no es el triunfo de la justicia, sino la confirmación de su fracaso prolongado. Cuando los mecanismos institucionales internacionales no actúan durante décadas frente a crímenes graves, el vacío no queda intacto: alguien lo ocupa. Y casi siempre lo hace la fuerza.
Ese es el verdadero escándalo: no que una potencia actúe unilateralmente —la historia está llena de ejemplos— sino que el sistema que debía evitarlo haya demostrado, una vez más, su incapacidad para juzgar a tiempo a los responsables. Si la Corte Penal Internacional hubiera avanzado cuando correspondía; si las sanciones hubieran sido coherentes; si la presión diplomática no hubiera sido selectiva, hoy no estaríamos discutiendo bombardeos ni capturas irregulares.
Defender el derecho internacional implica algo más incómodo que firmar comunicados: exige coherencia, constancia y costos políticos. Exige condenar las dictaduras amigas con la misma firmeza que las enemigas. Exige priorizar los derechos humanos por encima de los intereses coyunturales.
La paradoja es evidente: quienes callaron frente a los abusos del chavismo hoy se escandalizan por la violación de normas que ellos mismos ayudaron a vaciar de contenido. Esa indignación tardía no repara a las víctimas venezolanas ni fortalece el orden internacional. Solo expone su degradación.
Cuando la justicia llega tarde, la fuerza ocupa su lugar. No porque sea legítima, sino porque alguien permitió que así fuera.