La investigación es por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria y podría derivar en sanciones económicas.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En las últimas horas tomó estado público que el Banco Central de la República Argentina (BCRA). inició un sumario formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria.
La investigación, que aún no fue notificada oficialmente, analiza cinco universos de operaciones realizadas entre 2020 y 2023.
El volumen total investigado por el BCRA supera los U$S 131.384.000 y €94.999.920, lo que en conjunto representa una cifra superior a los U$S 242 millones.
De acuerdo a fuentes vinculadas con la investigación, la maniobra principal consistió en el ingreso y liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias de organismos internacionales.
Se investiga si la AFA modificó el concepto de declaración de estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esta modificación técnica habría permitido a la entidad evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al presentarlos como donaciones.
Entre los contratos más relevantes bajo análisis se encuentra el vínculo con Adidas, vigente hasta 2030, donde se detectaron casi € 95 millones que no habrían sido liquidados desde la segunda mitad de 2020. También, el expediente revisa ingresos provenientes de Fox, por una suma que supera los U$S 45 millones, y de Argentina Football Distribution LLC, por U$S 78 millones.
La AFA habría utilizó el mismo método en estos casos, declarando los ingresos bajo conceptos que esquivaban la normativa del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
La investigación también incorpora movimientos relacionados con la FIFA y la Conmebol, donde se detectaron millones de dólares pendientes de liquidación o de ingreso al país por conceptos de subsidios y adelantos. El sumario señala como responsables, además de a la institución, a los tesoreros del período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino.
Para los investigadores, este mecanismo fue una respuesta a las restricciones del cepo cambiario, permitiendo a la entidad “mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria”.