La concejala Gabriela Garolera presentó una denuncia contra Walter «Kabuby» Aráoz tras ser increpada violentamente en una reunión de Labor Parlamentaria. Asegura que el edil intentó amedrentarla para frenar un proyecto de testeos toxicológicos obligatorios para funcionarios.
REDACCION EL FEDERAL NOTICIAS
TUCUMAN.- El Concejo Deliberante de la «Ciudad Jardín» se convirtió este viernes en el escenario de un grave incidente que terminó en la Policía. La concejala Gabriela Garolera presentó una denuncia formal bajo la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres contra su par, Walter Gabriel «kabuby» Aráoz, acusándolo de violencia política, institucional y psicológica. Aráoz es un edil cercano al ministro del Interior de la provinica, Darío Monteros.
El hecho, según consta en la presentación a la que tuvo acceso El Federal Noticias, ocurrió cerca del mediodía durante una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Garolera relató que Aráoz ingresó al recinto y comenzó a increparla con «malos tratos e intimidaciones», en un intento por frenar una iniciativa legislativa de su autoría.
El detonante: narcotest para políticos
La raíz del conflicto sería un proyecto de ordenanza presentado por Garolera que exige exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios municipales de Yerba Buena. Según la denuncia, el concejal Aráoz, lejos de debatir la propuesta, habría optado por la agresión verbal como método para silenciar la iniciativa.
«Utilizó la agresión y la intimidación para intentar amedrentarme y frenar mi labor legislativa», detalló la edil, quien además remarcó que este no es un hecho aislado: ofreció como prueba registros fílmicos de otro episodio violento protagonizado por el mismo concejal en septiembre de 2025.
Pedido de medidas urgentes ante la próxima sesión
La situación reviste una gravedad institucional extrema, dado que el próximo jueves el cuerpo deliberativo debe sesionar. Ante el «profundo temor y angustia» que manifiesta la concejala, ha solicitado a la autoridad interviniente medidas de protección urgentes, que incluyen la prohibición de acercamiento a su domicilio y a su despacho en el Concejo Deliberante y el cese de todo acto de perturbación o intimidación directa o indirecta. La edil justicialista también pidió custodia y seguridad específica para la sesión del próximo jueves, a fin de garantizar que pueda ejercer su función pública sin agresiones.
Violencia política y desigualdad de poder
En su presentación, Garolera enfatiza que el accionar de Aráoz configura violencia política, al buscar restringir su participación en condiciones de igualdad. «El actuar del denunciado refleja una relación desigual de poder y un desprecio hacia la autonomía de la mujer en espacios de decisión», sostiene el documento.
La denuncia solicita que se cite como testigos a los demás concejales presentes en la reunión de hoy para ratificar lo ocurrido