BUENOS AIRES.- El Frente de Todos inició un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, cuatro días después de que el máximo tribunal del país aceptara tratar el per saltum iniciado por los tres jueces que el kirchnerismo quiere desplazar por investigar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La autora de la iniciativa es la diputada del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, que presentó el proyecto el 25 de septiembre y pidió que se investigue al presidente de la Corte Suprema por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto de resolución es el 5039-D-2020 y plantea “promover Juicio Político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En un claro error conceptual, la diputada debería releer la Constitución Nacional. La Corte Suprema de Justicia es la última intérprete de la Carta Magna. En sus fundamentos, Siley dijo: «El mal desempeño que, entiendo, da base a este pedido de juicio político, no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance.”
Y fundamentó: “El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente.”
Es decir, la diputada del frente de Todos se refirió a sentencias viejas pero recién ahora presenta el pedido de juicio político cuando Rosenkrantz habilitó a la Corte a definir el traslado de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli..
En diálogo con el diario La Nación, Siley dijo: «Si hay prioridad para tratar temas de esta índole, como el traslado de jueces, que podríamos decir que no hay ningún daño producido porque en los tres casos seguirán siendo magistrados, mi crítica y planteo es por qué no considera que es más urgente tratar causas de lesa humanidad como la de Ledesma y Blaquier».
«¿Cuál es la gravedad institucional que hay en el traslado de tres jueces que seguirán siendo magistrados? Cómo no va a haber gravedad institucional cuando se trata del efectivo cumplimiento de normas internacionales y nacionales de derechos humanos», se preguntó Siley.
Ante la consulta de si otros consejeros oficialistas o integrantes de su fuerza acompañaban el pedido de juicio político, dijo que se trata de una «estrategia colectiva».
«No sé si habrá consenso en la Cámara de Diputados para que sea tratado el pedido. Espero que sea abordado. Que se entienda la gravedad de lo que estamos planteando. Nosotros entendemos que los temas de lesa humanidad son de urgencia para la sociedad», cerró la parlamentaria.
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