La jueza Loretta Preska dio razón al planteo del país en una demanda realizada por seis grupos de bonistas.
NUEVA YORK.- La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló hoy a favor de la Argentina en el juicio por los bonos “cupón PBI” de legislación estadounidense, emitidos en 2005, para canjear la deuda que había quedado en default en 2001. El Estado era acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la metodología para calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013. En paralelo, en Londres sigue otro proceso por una demanda similar sobre los mismos bonos, pero emitidos bajo legislación europea.
El Estado argentino consiguió una victoria en primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de forma conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP Master, 683 Capital, Adona, APE Group. “Por las razones expuestas a continuación, se CONCEDE la moción de la República y se RECHAZA la moción contraria de los Demandantes”, dijo la jueza en su sentencia.
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3% en promedio, hasta 2035.
La demanda contra la Argentina se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2014. La anterior base de cálculo era de 1993 y contenía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo es necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.
“El fallo de Preska no habló en absoluto sobre una mala fe de la Argentina de cambiar la fórmula del Indec semanas antes de anunciar el pago para el año 2013. Las tres demandas del caso del cupón PBI siempre se dedicaron a hablar sobre el Indec. Preska le dedicó un solo párrafo a eso, diciendo que este juicio no se trata sobre el Indec y sobre la posible mala fe de la Argentina de calcular equivocadamente su PBI, sino de un tecnicismo; es decir, entraron por la puerta equivocada”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra el Estado en exterior.
“La cláusula 4.8 del prospecto [de la emisión de bonos] que se llama no-action clause [sin cláusula de acción] impide a los demandantes haber presentado esta demanda por una variedad de motivos. Pero hay nuevas demandas presentadas de otros fondos que tienen otra estrategia y hay que ver si van a estar alcanzadas por este fallo de Preska”, agregó Maril.
Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior, explicó que el juicio se debe a la “cláusula ambigua” que se estableció en la emisión de los bonos para establecer el empalme entre la fórmula de cálculo del PBI anterior y la nueva, con la canasta de productos actualizada. “No pudo haber mala fe, porque la actualización de la fórmula de cálculo era exigida por el FMI, no fue una decisión arbitraria. Y el mismo prospecto de los bonos había contemplado que se iba a cambiar la canasta. El problema es que la cláusula de 2005 era ambigua acerca de la forma en que se tomaría en cuenta el cambio para el pago de los cupones”, dijo.
Actualmente, la Argentina enfrenta dos procesos en paralelo por la deuda del cupón PBI. Además del juicio en Nueva York, como los títulos se emitieron también bajo legislación europea, hay otro proceso que se lleva adelante en Londres.
En ese caso, hubo una sentencia en contra en primera instancia en el Tribunal Superior de Londres, después de cuatro semanas de juicio. El juez Simon Picken le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y sentenció daños e indemnizaciones por 1330 millones de euros más intereses.
La Argentina pidió permiso para apelar el fallo, porque, a diferencia de lo que ocurre en los tribunales de Estados Unidos, donde el derecho de apelación es automático, en Gran Bretaña cada instancia debe decidir si lo acepta. El juez Piken aceptó suspender la ejecución de la sentencia, pero determinó que había que establecer una garantía de US$337 millones.
La semana pasada, el Gobierno creó por decreto el Fideicomiso Especial de la República Argentina en Nueva York para constituir a través de este instrumento la garantía y llevar el caso a la segunda instancia.
La creación del Cupón PBI
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía en promedio más de 3% en el año (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).
En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,22% como establecía el cupón para ese año.
Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que en 2007 se interviniera el Indec de la mano de Guillermo Moreno.
Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también exige actualizar la canasta de productos que se toman en cuenta para calcular el PBI del país. De hecho, el Indec anunció que este año volverá a modificar la base de cálculo.
Tras ese cambio en 2014, el Indec informó que la Argentina creció 2,94% del PBI en 2013, menos del 3,22% que disparaba el pago del cupón, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.