EL FEDERAL NOTICIAS
Desde hace unos años la zona Norte de la Patagonia, a ambos lados de la cordillera, se encuentra azotada por ataques perpetrados desde grupos que se hacen llamar integrantes de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (más conocida como Coordinadora Arauco-Malleco o CAM) y de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M.), la primera en Chile y la segunda en Argentina.
Ambas son organizaciones indigenistas, etnonacionalistas, que cuentan con brazos armados que reivindican la violencia como método válido para conseguir sus objetivos, por lo cual, determinados sectores, le han otorgado la calificación de grupos terroristas.
La C.A.M. fue fundada en el año 1998, razón por la cual le saca una clara ventaja a su similar que actúa al Este de los Andes. Son incontables los atentados incendiarios, la destrucción de bosques nativos, invasión y toma de fundos, quema de camiones, llegando a la muerte de varias personas cuyo, único delito había sido no abandonar sus viviendas. Entre los líderes de la C.A.M. se encuentra Emilio Berkhoff, detenido por Carabineros cuando se encontraba trasladando una tonelada de cocaína elaborada en territorios liberados por el movimiento independentista mapuche.
La violencia del lado argentino es menor en el tiempo, razón por la cual los atentados son menos pero no por ello, menos violentos. Recordamos la quema de refugios de montaña, en uno de ellos, en pleno invierno; mientras el edificio ardía, a su cuidador se lo desnudó y dejó atado y expuesto a las bajas temperaturas. Milagrosamente no murió. Meses más tarde, el 1 de agosto de 2017, la violencia se trasladó a las inmediaciones de Leleke, en la provincia del Chubut. Durante días la R.A.M., bajo las órdenes de Facundo Jones Huala, tomó parte de una estancia y bloqueó la circulación sobre la Ruta Nacional Nro. 40.
Jones Huala había sido objeto de la atención de la prensa en 2013, al ser detenido en Chile, acusado de violación a la ley de control de armas e ingreso ilegal a la Argentina.El 27 de mayo de 2016 fue detenido en el lof de Cushamen, como consecuencia de un pedido de extradición a Chile para ser juzgado por los hechos de 2013 y una orden de detención librada por la justicia argentina, por su presunta participación en la quema de un refugio cercano a la ciudad de Bariloche.
Es conocido el hecho que, como consecuencia de aquella violencia, perdió la vida un artesano sin ninguna raíz ni relación con el pueblo mapuche, de nombre Santiago Maldonado. Su cuerpo fue rescatado meses más tarde desde las aguas del río Chubut donde había fallecido ahogado sin que hubiese mediado fuerza extraña. Sin embargo, ello no impidió que el gobierno nacional de aquel entonces fuera acusado por la supuesta desaparición forzosa, que se rindieran incontables homenajes al fallecido, que aulas de distintas universidades fueran bautizadas con su nombre y que su familia recibiera durante años una sustancial ayuda económica de parte del Estado.
Cuando parecía que todo se había calmado, que con el nombramiento de Magdalena Odarda y Luis Pilquiman al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (ambos fervientes militantes de las reivindicaciones de los pueblos originarios) se podrían constituir las mesas de diálogo, pasó todo lo contrario.
La provincia del Neuquén, que ya había sufrido la toma y destrucción de las instalaciones del Club Mari Menuco, padeció una serie de tomas y hechos de violencia. Sin embargo el más conocido fue la toma de 30 hectáreas en inmediaciones del lago Mascardi y su villa homónima, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí, los usurpadores destrozaron, incendiaron y vandalizaron inmuebles públicos y privados, vehículos pertenecientes a Parques Nacionales. Agredieron a autoridades judiciales e incluso a la gobernadora de Río Negro, la licenciada Arabela Carreras.
Los saqueos y ocupaciones se sucedieron en inmediaciones de El Foyel, Virgen de las Nieves y Altos del Este.
Entre los terrenos ocupados en Villa Mascardi, se encuentra uno perteneciente al Obispado de San Isidro.
Tres semanas atrás, se había interpuesto ante la justicia penal provincial de Río Negro, una denuncia y pedido de desalojo, el cual fue ordenado pocos días más tarde por el juez Arroyo. Sin embargo, el mismo obispo solicitó que, a fin de evitar hechos de violencia, se suspendiera la medida hasta tanto estuviera garantizada la seguridad y bienestar de los usurpadores.
La iglesia, que le había ofrecido una mejilla al violento, el 6 de noviembre en horas del mediodía, recibió un golpe (durísimo) en la otra.
Un grupo compuesto por doce supuestos mapuches ocuparon la parroquia de El Bolsón. En su derrotero golpearon a un cura y retuvieron contra su voluntad a un fraile franciscano.
Al abandonar ese templo sagrado, dejaron tras de sí una serie de destrozos en su interior, algunos de ellos aberrantes, como la profanación de imágenes y la destrucción de símbolos patrios. La policía se limitó a detener a dos jóvenes por el hecho de no portar documentos de identidad.
Los encapuchados que tomaron la parroquia Nuestra Señora del Luján, reclamaban contra el desalojo del predio de dos hectáreas del Obispado de San Isidro en Villa Mascardi.
Estos energúmenos estarían vinculados con el grupo mapuche de El Bolsón, del barrio San José. Es allí donde se encuentra buena parte de la comunidad Gallardo Calfú, quienes en su momento ocuparon un predio de 400 hectáreas en inmediaciones de El Foyel y perteneciente a la familia Soriani.
Antes de retirarse de la parroquia, los supuestos mapuches, que hirieron al cura párroco y retuvieron ilegítimamente a un sacerdote franciscano, dejaron panfletos mediante los cuales reivindican la lucha armada y acusan a la iglesia católica de cometer y fomentar los siete pecados capitales.
Las preguntas que nos hacemos es ¿hasta cuándo vamos a soportar estos hechos? ¿Por qué el gobierno nacional no toma nota y reacciona en consecuencia? El Estado, que debería tener el monopolio del uso de la fuerza, lo está dejando en manos de personas que lo desconocen y agreden. Destruir símbolos patrios es un delito de orden público, lo mismo que la privación ilegítima de la libertad, por lo cual la autoridad debería actuar de oficio.
La iglesia puede decidir no hacer denuncia alguna con relación a los daños que a la misma se le han cometido. Le sugerimos a sus autoridades que vean y leal noticias chilenas vinculadas a la quema de tempos. Esperemos no tener que soportar víctimas humanas.
*Sergio Capozzi: Abogado, docente universitario, posee una maestría en Historia Política Contemporánea, consejero del Comité Olímpico Argentino, Árbitro Institucional.
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